Congreso solicita declaratoria de emergencia para colegios sin agua ni desagüe

La congresista Esmeralda Limachi advierte que menos de la mitad de las escuelas públicas del país cuenta con acceso a red de agua potable, situación que se agrava en zonas rurales.

por angie.joice2701@gmail.com

La presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia, Esmeralda Limachi, solicitó formalmente al Poder Ejecutivo la declaratoria de emergencia de las instituciones educativas que carecen de servicios básicos de agua y saneamiento. La iniciativa surge ante la crítica brecha de infraestructura que pone en riesgo la salud y la permanencia escolar de miles de menores en el territorio nacional.

Según cifras oficiales del Ministerio de Educación (Minedu) consignadas en el pedido, el panorama es alarmante: menos del 50 % de los colegios en el Perú tiene conexión a la red pública de agua, mientras que solo el 41.9 % dispone de sistema de desagüe. En el ámbito rural, la precariedad es mayor, alcanzando apenas un 18 % de cobertura en servicios esenciales.

Fiscalización al sector Educación

Mediante un oficio dirigido al ministro de Educación, Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, la legisladora exigió un informe detallado sobre los programas de inversión y los cronogramas de ejecución presupuestal destinados a cerrar estas brechas. Limachi subrayó que la falta de saneamiento no solo afecta la dignidad del estudiante, sino que es un factor determinante en el ausentismo y la deserción escolar.

“El acceso a agua potable y saneamiento en las escuelas no es opcional, sino una obligación del Estado y un derecho fundamental”, sostuvo la parlamentaria.

Medidas extraordinarias

La propuesta de declarar el sector en emergencia busca facultar al Ejecutivo para adoptar medidas inmediatas y extraordinarias. Esto permitiría agilizar las inversiones en las zonas de mayor vulnerabilidad, donde la carencia de servicios higiénicos impacta con mayor severidad a las niñas y adolescentes, afectando su derecho a una educación segura e inclusiva.

Finalmente, la Comisión de Protección a la Infancia reafirmó que mantendrá una vigilancia permanente sobre los niveles de ejecución del gasto en infraestructura escolar, a fin de garantizar que el retorno a las aulas se realice bajo condiciones mínimas de salubridad.

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