En una medida orientada a frenar el avance de la criminalidad organizada, el Ministerio Público oficializó la implementación de un mecanismo excepcional para proteger a quienes denuncien delitos de extorsión y sicariato. A través de la resolución N.° 098-2026-MP-FN, la Fiscalía de la Nación autorizó el uso de códigos reservados para identificar a las víctimas, evitando que sus nombres figuren en los expedientes de acceso común.
La norma responde a la propuesta de la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), dirigida por el fiscal Jorge Chávez Cotrina. El objetivo principal es brindar garantías de seguridad a transportistas y comerciantes, sectores que en los últimos meses se han visto vulnerados por ataques directos y amenazas contra sus familias por parte de bandas delictivas.
Protección desde la etapa inicial
El lineamiento establece que la asignación de este código secreto se realizará desde el primer momento de la investigación fiscal. Con este blindaje de identidad, se busca reducir drásticamente el riesgo de represalias y la exposición de los testigos ante los integrantes de las organizaciones criminales bajo sospecha.
Históricamente, el temor a las venganzas ha generado una alta tasa de omisión de reportes. Según la institución, esta nueva herramienta legal pretende incentivar la denuncia ciudadana y facilitar la recolección de información estratégica que permita a los fiscales construir casos sólidos contra las redes dedicadas al cobro de cupos.
La disposición, suscrita por el fiscal de la Nación (i), Tomás Aladino Gálvez Villegas, reafirma el enfoque de la Fiscalía hacia una persecución penal más eficaz, adaptando sus procesos administrativos a la urgencia que demanda la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país.