En un megaoperativo simultáneo que abarcó siete distritos de la capital, seis integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos bajo la acusación de integrar una red de corrupción. La intervención, liderada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, responde a una denuncia por el presunto delito de concusión, luego de que los agentes supuestamente exigieran dinero a ciudadanos para no incriminarlos falsamente.
Los detenidos han sido identificados como el coronel PNP Mervin Sánchez, jefe de la División de Fronteras; el alférez Junior Mauricio, de la Comisaría de Chaclacayo; y los suboficiales de la Depincri San Martín de Porres: Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León. A todos se les dictó detención preliminar tras hallarse indicios de una operación delictiva orquestada desde el interior de la institución.
Intervención irregular y “siembra” de evidencias
De acuerdo con las investigaciones fiscales, los efectivos habrían interceptado a dos ciudadanos en el distrito de Lurín, despojándolos de su vehículo para trasladarlos en un patrullero hasta la sede de la Depincri en San Martín de Porres. La denuncia señala que, una vez en la dependencia policial, los agentes intentaron “sembrarles” sustancias ilícitas para forzarlos a un pago irregular.
El Ministerio Público sostiene que el alférez Mauricio habría servido de nexo para que los detenidos “arreglaran” directamente con el coronel Sánchez. Se presume que el alto oficial solicitó la suma de tres mil soles a cambio de liberar a las víctimas y retirar la acusación fabricada.
Operativo simultáneo e incautación
La captura de los implicados se ejecutó en los distritos de Surquillo, Chaclacayo, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Chorrillos, El Agustino y Los Olivos. Durante las diligencias, las autoridades incautaron celulares, laptops y memorias USB, además de registrar dos vehículos oficiales que habrían sido utilizados en la detención ilegal de los ciudadanos.
Este caso ha generado una profunda indignación y pone nuevamente en el centro del debate la integridad de las fuerzas del orden. La Fiscalía ha reafirmado su compromiso de combatir la corrupción interna, mientras que los dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a peritaje para determinar si existen más víctimas de esta red de extorsión policial.