La agenda oficial se vio abruptamente alterada por un reclamo individual que concentró todas las miradas. En los exteriores del terminal terrestre de la empresa Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho, una mujer logró atravesar el cerco de seguridad y encarar al presidente José Jerí durante una reunión con gremios de transporte, convocada en medio del anuncio de un paro nacional por la ola de violencia que afecta al sector.
El acto, organizado bajo estrictos protocolos y con presencia de autoridades, dirigentes gremiales y efectivos policiales, se desarrollaba con normalidad hasta que la mujer irrumpió en el espacio reservado al mandatario. Su voz, cargada de urgencia, desplazó por minutos los discursos formales y expuso una situación marcada por la violencia, la precariedad económica y la ausencia de respaldo institucional.
Según se observó en el lugar, la mujer burló el dispositivo de seguridad e insistió en acercarse al presidente pese a la resistencia inicial de los agentes. Durante el forcejeo verbal, rechazó el trato recibido. “No voy a hacer nada, no tengo nada. ¡No me toque! Así debe ser para los delincuentes, no para nosotros”, gritó mientras mostraba una bolsa para evidenciar que no representaba una amenaza.
“¿Quién me apoya a mí?”
Una vez cerca del mandatario, la mujer explicó el motivo de su desesperación. Relató que su esposo, transportista de la empresa Santa Catalina, fue baleado y permanece sin trabajar desde hace más de cuatro meses. “Mi marido todavía no trabaja. Lo balearon. Y no es justo”, dijo, visiblemente afectada.
El testimonio incluyó la mención de una deuda médica imposible de cubrir y la presión constante de quienes exigen el pago. “Acá no hay familia. Algunos amigos han apoyado, pero debo toda esta cantidad. ¿Quién me apoya a mí? ¿Quién le va a dar comida a mis hijos?”, reclamó ante cámaras y testigos.
La mujer aseguró que su pareja permanece postrada y que el hogar quedó sin ingresos. “Tiene doce años, más o menos”, añadió al referirse a uno de los menores que dependen económicamente del transportista herido. También contó que intentó buscar ayuda previamente. “Fui a buscarlo hasta el Congreso. No pude conseguirlo, no pude llegar”, señaló.
Intervención y atención posterior
Tras el momento de tensión, personal del despacho presidencial intervino y la mujer recibió atención tanto del presidente José Jerí como de su equipo. Luego del cierre de la actividad, ya no se encontraba en el terminal terrestre. En una breve declaración posterior, confirmó la gravedad de las lesiones de su esposo y reiteró la necesidad urgente de apoyo económico para su familia.
El episodio se produjo ante la mirada de autoridades del Ejecutivo, policías y representantes de los gremios de transporte, y puso rostro humano a una problemática que el sector denuncia desde hace meses: la violencia sistemática contra los conductores y el impacto directo en sus familias.
Violencia y paro en el transporte
La reunión oficial se desarrolló en un contexto de creciente inseguridad. Martín Ojeda, dirigente de Transportes Unidos, advirtió que resulta difícil suspender la medida de fuerza anunciada. “Las empresas de transporte están cansadas de los atentados y homicidios a choferes por las mafias extorsivas”, afirmó.
Transportes Unidos agrupa cerca de 12 mil vehículos de empresas como La 50, Cristo Pachacamilla, Edilberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú. Estas compañías ratificaron su adhesión a la protesta convocada inicialmente para el 15 de enero y luego reprogramada tras coordinaciones gremiales.
Según cifras del sector, se registra prácticamente una muerte de transportista por día. “Ahora ha sido una racha, exclusivamente del gremio de transporte público”, denunció Ojeda, quien también alertó sobre el uso de armas de guerra en los ataques.
La pregunta lanzada por la esposa del transportista —“¿Quién me apoya a mí?”— quedó resonando en un acto diseñado para el diálogo institucional y expuso, sin intermediarios, el costo humano de la violencia que atraviesa al transporte público.