Los gremios de transportistas confirmaron que continuarán con el paro nacional convocado para este 14 de enero, pese a los recientes pronunciamientos del presidente de la República, José Jerí, quien respaldó públicamente al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, tras sus declaraciones sobre una presunta infiltración de bandas criminales en el sector transporte.
El anuncio del mandatario se produjo luego de una reunión con representantes gremiales en San Juan de Lurigancho, donde intentó matizar las afirmaciones del premier y aclaró que estas no buscan criminalizar al sector en su conjunto, sino advertir sobre la presencia de “elementos delictivos puntuales”. Sin embargo, desde el lado de los transportistas, las explicaciones no han logrado desactivar el malestar ni frenar la paralización anunciada.
Transportistas rechazan acusaciones
Desde los gremios de transporte urbano y de carga, las declaraciones del Ejecutivo han sido recibidas como una estigmatización injusta. Dirigentes del sector sostienen que vincular las movilizaciones con el crimen organizado solo profundiza la desconfianza y desvía la atención del problema central: la falta de seguridad frente a la extorsión y el sicariato.
Manuel O’Diana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, exigió que el Gobierno presente pruebas concretas que sustenten las acusaciones. Según indicó, los transportistas son víctimas directas de la delincuencia y no pueden ser tratados como sospechosos por ejercer su derecho a la protesta.
Pese a los anuncios de diálogo y a la promesa de reuniones quincenales con el Ejecutivo, los gremios ratificaron que el paro del 14 de enero sigue en pie y que la medida busca visibilizar el nivel de inseguridad que enfrentan a diario conductores y empresarios del sector.
Ejecutivo insiste en presencia de “infiltrados”
El presidente Jerí respaldó la posición del premier Álvarez y señaló que no se puede descartar la infiltración de organizaciones criminales en sectores marcados por altos niveles de informalidad. En ese sentido, sostuvo que el transporte no es ajeno a esta realidad y que el Estado tiene la obligación de advertir y actuar frente a esos riesgos.
No obstante, el mandatario precisó que la prioridad del Gobierno es proteger a los transportistas honestos, quienes son los principales afectados por el cobro de cupos, las amenazas y los atentados perpetrados por bandas delictivas. Aun así, las explicaciones oficiales no han sido suficientes para reducir la tensión con el sector.
Paro del 14 de enero y factor político
Otro punto que ha generado fricción es la afirmación del Ejecutivo de que las paralizaciones responden a intereses políticos y electorales, en el contexto de las Elecciones Generales 2026. Jerí coincidió con Álvarez en que existen actores que buscan capitalizar el descontento social con fines de campaña.
Desde los gremios, esta lectura es rechazada. Los transportistas aseguran que la protesta no tiene motivaciones políticas, sino que responde a la falta de resultados concretos en la lucha contra la criminalidad. Para el sector, vincular el paro a agendas electorales equivale a deslegitimar sus reclamos y agravar el conflicto.
Ley contra el sicariato no desactiva el conflicto
El Gobierno ha reiterado que en los próximos días se publicará el reglamento de la Ley N.° 32490, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato. Sin embargo, los gremios consideran que estos anuncios llegan tarde y que aún no se traducen en mayor seguridad en las calles.
Mientras el Ejecutivo apuesta por el diálogo y defiende su postura frente a las críticas, los transportistas mantienen su decisión de paralizar actividades como medida de presión. El paro del 14 de enero se perfila así como una nueva prueba para el Gobierno, que deberá enfrentar el desafío de restablecer la confianza de un sector clave sin profundizar la confrontación.
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