La congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, y solicitó su inhabilitación por diez años para ejercer función pública. El recurso fue ingresado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se sustenta en la reciente decisión de desactivar cuatro equipos especiales del Ministerio Público.
Según la parlamentaria, la disolución de los equipos Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip constituye una infracción constitucional que vulnera principios como la tutela judicial efectiva y debilita la capacidad del Estado para combatir la corrupción y los delitos de alta complejidad.
A través de sus redes sociales, Luque calificó esta medida como un acto que favorece la impunidad. “La desactivación de los cuatro equipos especiales es sinónimo de impunidad”, sostuvo al dar cuenta del documento presentado.
He cumplido con presentar la denuncia constitucional: La desactivación de los 4 equipos especiales es sinónimo de impunidad, entre ellos el que investigaba las violaciones a DDHH ocurridas en el Gbno de Boluarte. No es una decisión técnica es una infracción constitucional,… pic.twitter.com/jNauAsjfem
— Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) January 9, 2026
Los argumentos de la denuncia constitucional
En el escrito de 17 páginas, Luque sostiene que Gálvez habría infringido cinco artículos de la Constitución, vinculados al abuso del derecho, los deberes del Estado, el servicio a la Nación y las atribuciones del Ministerio Público. Afirma que el fiscal interino hizo un uso desnaturalizado de sus facultades organizativas al desarticular equipos creados para investigar casos de alta complejidad.
La congresista remarca que las atribuciones del fiscal de la Nación no son absolutas ni discrecionales, y que deben responder a los fines institucionales del Ministerio Público. En ese sentido, advierte que la decisión tiene un impacto inmediato en la persecución penal y afecta la eficacia de investigaciones en curso.
Cuestionamientos por el caso “Cuellos Blancos”
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el presunto conflicto de intereses. Luque recuerda que Tomás Gálvez fue investigado y destituido en 2021 por la Junta Nacional de Justicia debido a presuntos vínculos con la red de corrupción judicial conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Para la legisladora, resulta especialmente grave que el fiscal interino haya decidido cerrar el equipo especial encargado de investigar dicha red, lo que —según señala— compromete el deber de objetividad e imparcialidad del cargo y afecta la confianza ciudadana en el Ministerio Público.
Impacto en las investigaciones por protestas sociales
La denuncia también aborda la desactivación del Equipo Especial Eficavip, encargado de investigar las muertes y presuntas violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Luque advierte que redistribuir estas investigaciones a fiscalías ordinarias pone en riesgo la especialización acumulada y podría retrasar los procesos relacionados con los 59 civiles fallecidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo. A su juicio, esta medida afecta el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
Riesgos para casos emblemáticos
El pasado 6 de enero, Tomás Gálvez oficializó la disolución de los equipos especiales y dispuso que casos emblemáticos pasen a subsistemas permanentes del Ministerio Público. Entre ellos figuran investigaciones contra Pedro Castillo, Dina Boluarte y la empresa Odebrecht.
Sin embargo, la congresista advierte que este cambio rompe la continuidad estratégica de procesos avanzados. En el caso Lava Jato, la medida implicó apartar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez de expedientes clave, como el de la Carretera Interoceánica y el caso Cócteles. Según Luque, lejos de fortalecer la justicia, estas decisiones debilitan la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad organizada.