La respuesta del Ejecutivo frente al avance de la delincuencia en Pisco ha sido, una vez más, el estado de emergencia. Mediante el Decreto Supremo N.º 004-2026-PCM, publicado en El Peruano, el Gobierno declaró a la provincia de Pisco en situación excepcional por 60 días, en medio de homicidios, extorsiones y una violencia que ya no distingue entre zonas ni horarios.
Durante este periodo, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras se autoriza la restricción de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Una suspensión constitucional que, en la práctica, vuelve a colocar a la ciudadanía bajo un régimen de vigilancia ampliada.
El decreto también condiciona la realización de actividades religiosas, culturales y deportivas masivas a una autorización previa de las autoridades, trasladando el pulso de la vida pública a la lógica del permiso.
En paralelo, el Ejecutivo ordenó que los comités de seguridad ciudadana de Ica y Pisco entren en sesión permanente y dispuso la creación urgente de un Comando de Coordinación Operativa Unificada, junto con comités de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. La arquitectura burocrática crece al mismo ritmo que la inseguridad.
La intervención policial y militar se regirá por las normas sobre uso de la fuerza vigentes, aunque el historial reciente de estados de emergencia deja abierta la pregunta central: ¿cuánto se avanza realmente en seguridad cuando la medida se repite como reflejo automático?
Pisco se suma así a la larga lista de territorios peruanos donde la excepción se ha vuelto rutina, y donde el Estado responde a la criminalidad con decretos, mientras la población sigue esperando resultados.