En una de las medidas más drásticas adoptadas por el sector Educación en los últimos años, el Ministerio de Educación (Minedu) separó durante el 2025 a 690 docentes y trabajadores administrativos involucrados en delitos graves como violación sexual, terrorismo y otros crímenes, con el objetivo de proteger a los estudiantes y reforzar la seguridad en las escuelas del país.
La decisión alcanzó a 592 profesores y 98 trabajadores administrativos, en su mayoría pertenecientes a instituciones educativas públicas, donde se concentraron 627 de los casos detectados. En el sector privado, se registraron 63 separaciones.
Violación sexual, el principal delito detectado
El análisis de los expedientes administrativos reveló que la violación de la libertad sexual fue el delito más recurrente. En total, 628 personas fueron apartadas por esta causa: 540 docentes y 88 trabajadores administrativos.
Además, el Minedu identificó 41 casos vinculados a terrorismo y apología del terrorismo, así como otros delitos de extrema gravedad, entre ellos homicidio intencional, trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo, proposiciones sexuales a menores mediante medios tecnológicos, secuestro, narcotráfico y difusión ilícita de material íntimo.
Separaciones definitivas y suspensiones preventivas
Del total de sancionados, 93 personas fueron excluidas de manera definitiva del sistema educativo tras contar con sentencia condenatoria firme. En paralelo, el ministerio dispuso la suspensión preventiva de 597 trabajadores, quienes enfrentan procesos judiciales en curso, hasta que se emita un fallo definitivo.
Estas medidas buscan impedir que personas investigadas o condenadas por delitos graves mantengan cualquier tipo de contacto con la comunidad estudiantil.
Postura del Minedu: tolerancia cero
El ministro de Educación, Jorge Figueroa, afirmó que el sector mantendrá una política intransigente frente a este tipo de conductas y remarcó que la prioridad es garantizar espacios educativos seguros, sin excepciones.
Indicó que el ministerio continuará fortaleciendo los mecanismos de control y supervisión para evitar que personas con antecedentes penales o procesos graves permanezcan en el sistema educativo, ya sea en funciones pedagógicas o administrativas.