Decreto de urgencia en evaluación por el Ejecutivo
El Gobierno se encuentra afinando un decreto de urgencia que podría redefinir la estructura y el futuro de Petroperú, la principal empresa petrolera estatal del país. De acuerdo con información preliminar, la iniciativa es impulsada desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y busca habilitar a ProInversión para asumir la reorganización integral de la compañía.
El objetivo central de la propuesta es asegurar la continuidad operativa de Petroperú sin recurrir a nuevos aportes del Tesoro Público, en un contexto marcado por persistentes dificultades financieras y advertencias sobre el riesgo de una eventual insolvencia.
ProInversión asumiría rol clave en la reorganización
Uno de los puntos centrales del borrador normativo es que ProInversión asumiría amplias facultades para conducir el proceso de reorganización. Esto incluiría la separación de activos, la redefinición de unidades operativas y la eventual incorporación de gestión privada en áreas consideradas estratégicas.
Según las versiones conocidas, el decreto permitiría que la agencia de promoción de la inversión privada actúe como representante de los derechos económicos y políticos de los activos reorganizados, con capacidad para tomar decisiones vinculantes para la administración de Petroperú.
División por bloques patrimoniales
El proyecto normativo contempla la posibilidad de dividir Petroperú en bloques patrimoniales, cada uno conformado por activos, contratos, licencias, permisos y obligaciones específicas. Estos bloques podrían ser transferidos a vehículos de administración independientes, con autonomía operativa y financiera.
Esta figura permitiría que determinadas unidades funcionen separadas del resto de la empresa, facilitando su gestión especializada, su eventual concesión o la incorporación de operadores privados bajo distintos esquemas contractuales.
La Refinería de Talara en el centro del debate
Uno de los aspectos más sensibles del decreto en evaluación es la posibilidad de que los bloques patrimoniales incluyan la Refinería de Talara, el proyecto energético más importante del país en las últimas décadas.
La modernización de Talara demandó una inversión superior a los US$5.000 millones, y hasta ahora se encontraba protegida por disposiciones legales que impedían su fragmentación o transferencia durante el proceso de implementación. El nuevo decreto dejaría sin efecto esas salvaguardas, abriendo la puerta a nuevas formas de gestión.
Incorporación al marco de privatizaciones
El borrador también plantea la incorporación de Petroperú al ámbito del Decreto Legislativo 674, norma que regula los procesos de promoción de la inversión privada en empresas del Estado.
Bajo este marco legal, ProInversión podría definir de manera autónoma el modelo de participación privada más adecuado para cada bloque patrimonial, sin requerir autorización previa del Congreso de la República. Esta disposición representa un cambio sustantivo respecto a los esquemas tradicionales de control político sobre activos estatales.
Decisiones vinculantes y plazos cortos
Otro elemento relevante del decreto es que las decisiones adoptadas por ProInversión serían de cumplimiento obligatorio para la alta dirección de Petroperú. La administración de la empresa tendría un plazo máximo de cinco días hábiles para ejecutar las disposiciones que se emitan en el marco del proceso de reorganización.
Este mecanismo busca evitar retrasos administrativos y asegurar una implementación rápida de las medidas consideradas urgentes por el Ejecutivo.
Argumento de urgencia y riesgo operativo
La justificación del decreto se sustenta en la existencia de un “riesgo inminente” para la operatividad de Petroperú, particularmente en lo relacionado con la adquisición de crudo y derivados, así como el cumplimiento de compromisos financieros.
Desde el Ejecutivo se advierte que la falta de acción podría generar un deterioro mayor de la empresa, afectando el abastecimiento de combustibles y la estabilidad del sector energético nacional.
Un contexto financiero complejo
Petroperú atraviesa desde hace varios años una situación financiera delicada, marcada por endeudamiento elevado, dificultades de liquidez y cuestionamientos sobre su modelo de gestión. A ello se suman los sobrecostos asociados a la modernización de Talara y la volatilidad del mercado internacional de hidrocarburos.
En este contexto, el Gobierno busca evitar nuevos rescates financieros directos y explorar mecanismos que permitan transferir riesgos al sector privado, manteniendo al mismo tiempo la continuidad del servicio.
Debate político y económico en puerta
Aunque el decreto aún no ha sido publicado oficialmente, el contenido preliminar ya ha generado debate en distintos sectores políticos, empresariales y sindicales. Para algunos, la reorganización representa una salida pragmática frente a la crisis; para otros, podría significar una privatización encubierta de activos estratégicos del Estado.
De concretarse, la medida marcaría una de las reformas más profundas en la historia reciente de Petroperú y redefiniría el rol del Estado en el sector de hidrocarburos.
Escenario abierto y expectativas
La publicación oficial del decreto será clave para conocer el alcance final de la norma y los mecanismos específicos de participación privada. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene el discurso de que la reorganización busca preservar la empresa, mejorar su eficiencia y garantizar el abastecimiento energético sin comprometer recursos públicos adicionales.
El futuro de Petroperú, y en particular de la Refinería de Talara, vuelve así al centro de la agenda económica y política del país.