Un sismo sin advertencia previa
El reciente sismo de magnitud 6.0, registrado a más de 60 kilómetros al oeste de Chimbote, en la región Áncash, volvió a poner en evidencia una debilidad estructural en la política de prevención de desastres del país: la inoperatividad del sistema de alerta sísmica en el Perú. A pesar de tratarse de un movimiento telúrico perceptible en varias localidades de la costa norte, la población no recibió ninguna advertencia previa mediante sirenas ni mensajes de alerta en teléfonos móviles.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento público exigiendo al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) la implementación completa y operativa del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (Saspe) y del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), herramientas creadas precisamente para advertir a la ciudadanía segundos antes de un evento sísmico de gran magnitud.
Sistemas creados, pero no operativos
El Saspe y el Sismate no son proyectos recientes. Ambos mecanismos fueron concebidos como parte de la política nacional de gestión del riesgo de desastres, con el objetivo de reducir víctimas y daños materiales ante sismos o tsunamis. Sin embargo, según recordó la Defensoría del Pueblo, desde 2022 se vienen advirtiendo retrasos, deficiencias técnicas y falta de cobertura en su implementación.
Durante el sismo ocurrido en Áncash, ninguna de estas plataformas se activó. Las sirenas de alerta temprana no emitieron señales y el Sismate no envió mensajes a los celulares, lo que dejó a miles de personas sin información oportuna para adoptar medidas de autoprotección. Para la Defensoría, esta omisión representa una grave falla en un contexto de alta vulnerabilidad sísmica como el peruano.
Más de 10 millones de personas en riesgo
El organismo constitucional recordó que más de 10 millones de personas viven en la franja costera del Perú, una de las zonas con mayor exposición a sismos y tsunamis en el país. En este contexto, contar con un sistema de alerta temprana plenamente operativo podría marcar la diferencia entre una evacuación ordenada y una reacción improvisada ante una emergencia.
La Defensoría subrayó que la implementación del Saspe no se limita a la instalación de sirenas. También requiere señalización clara de rutas de evacuación, identificación de puntos seguros, así como capacitaciones constantes tanto a autoridades locales como a la ciudadanía. Sin estos componentes, el sistema pierde efectividad incluso si la infraestructura tecnológica está disponible.
El rol clave del Sismate
En paralelo, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) está diseñado para enviar mensajes directos a los teléfonos móviles en zonas de riesgo. Esta herramienta permitiría advertir a la población con segundos de anticipación, tiempo suficiente para alejarse de estructuras peligrosas o iniciar una evacuación preventiva.
No obstante, la Defensoría alertó que el Sismate aún no funciona de manera eficiente a nivel nacional. La ausencia de mensajes durante el sismo de Chimbote reforzó la percepción de que el sistema no está listo para responder en una emergencia real, a pesar de haber sido anunciado como una solución clave para la prevención de desastres.
Supervisión y responsabilidades del Estado
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo anunció que continuará supervisando el cumplimiento de las obligaciones legales de las entidades públicas responsables de la gestión del riesgo de desastres. El organismo recordó que la protección de la vida y los medios de subsistencia de la población es una responsabilidad indelegable del Estado.
Asimismo, reiteró que el país no puede seguir reaccionando de forma improvisada ante eventos sísmicos, especialmente en un territorio ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde los sismos son recurrentes. La falta de alertas tempranas no solo incrementa el riesgo de víctimas, sino que debilita la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la prevención.
Una deuda pendiente en prevención
El pronunciamiento de la Defensoría vuelve a colocar en agenda un tema recurrente: la brecha entre los anuncios oficiales y la ejecución efectiva de políticas de prevención. A juicio del organismo, la implementación integral del sistema de alerta sísmica en Perú ya no puede postergarse, pues cada sismo sin advertencia representa una oportunidad perdida para salvar vidas.
Mientras tanto, millones de peruanos continúan expuestos a eventos naturales sin contar con herramientas de alerta temprana plenamente funcionales, en un país donde la prevención sigue siendo una deuda estructural.