El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) garantizó la continuidad ininterrumpida del servicio de Defensa Pública en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, y descartó cualquier cierre o suspensión de la atención legal gratuita que se brinda a la población en situación de vulnerabilidad.
La aclaración fue realizada por el director general de la Defensa Pública, Jorge Gibbons Ventura, durante una entrevista concedida a un medio de comunicación local, en respuesta a versiones que advertían sobre una posible interrupción del servicio. El funcionario precisó que las recientes disposiciones administrativas forman parte del cierre del año presupuestal y del proceso regular de renovación de contratos, y no implican el retiro del patrocinio legal en dicha jurisdicción.
Proceso administrativo sin afectación al servicio
Desde el MINJUSDH se informó que los ajustes administrativos que se vienen realizando corresponden a procedimientos habituales del Estado, vinculados a la gestión presupuestal y a la formalización de contratos del personal. Estas medidas, según se indicó, no afectan la prestación del servicio ni dejan desprotegida a la población.
“El servicio de defensa pública en Condorcanqui está garantizado. Durante todo este proceso administrativo la atención continúa con normalidad y con la misma calidad”, señaló Gibbons Ventura, al descartar de manera categórica cualquier suspensión.
La institución remarcó que estos procesos se realizan de manera periódica y que cuentan con mecanismos de contingencia para asegurar que la ciudadanía siga recibiendo asesoría y patrocinio legal sin interrupciones.
Compromiso directo del ministro Walter Martínez
El MINJUSDH reafirmó además el compromiso del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, quien ha dispuesto que se mantenga una atención constante y prioritaria en zonas con alta concentración de población vulnerable, como es el caso de Condorcanqui.
Desde el sector se subrayó que la presencia del Estado en esta provincia amazónica es una prioridad institucional, debido a las condiciones geográficas, sociales y económicas que enfrentan sus habitantes, muchos de los cuales pertenecen a pueblos indígenas y comunidades alejadas de los centros urbanos.
Atención legal a poblaciones vulnerables
Actualmente, la provincia de Condorcanqui cuenta con alrededor de 26 defensores públicos, quienes continúan atendiendo de manera regular los casos que ingresan al sistema. La mayor demanda corresponde a violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como a defensa penal y a la protección de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
Estos servicios resultan fundamentales en un contexto donde el acceso a abogados privados es limitado y donde la Defensa Pública constituye, en muchos casos, el único canal de acceso efectivo a la justicia.
El MINJUSDH precisó que, mientras se desarrollan las convocatorias para la cobertura y reposición de plazas, se ha dispuesto el respaldo operativo de defensores a nivel provincial, regional y nacional, con el objetivo de evitar retrasos en la atención y asegurar que ningún proceso quede desatendido.
Refuerzo operativo y trabajo articulado
Como parte de su estrategia de continuidad, la Defensa Pública ha activado mecanismos de apoyo interinstitucional que permiten redistribuir cargas de trabajo y movilizar recursos humanos cuando es necesario. Esta articulación garantiza que los casos más urgentes reciban atención prioritaria, incluso durante periodos de transición administrativa.
Asimismo, el servicio se refuerza mediante campañas itinerantes y acciones de acercamiento comunitario, desarrolladas en coordinación con otros programas del Estado, lo que permite llevar la defensa legal a zonas de difícil acceso dentro de la provincia.
Estas intervenciones buscan no solo atender casos concretos, sino también informar a la población sobre sus derechos y los servicios disponibles, fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas.
Presencia del Estado en la Amazonía
El MINJUSDH destacó que la continuidad de la Defensa Pública en Condorcanqui forma parte de una política más amplia orientada a reafirmar la presencia del Estado en la Amazonía, especialmente en territorios donde históricamente se han registrado brechas en el acceso a servicios básicos y justicia.
Desde el sector se enfatizó que garantizar el acceso a la justicia no solo implica mantener oficinas abiertas, sino también asegurar personal capacitado, acompañamiento permanente y una respuesta oportuna frente a situaciones de vulneración de derechos.
Mensaje de tranquilidad a la ciudadanía
Finalmente, el Ministerio reiteró que el servicio de Defensa Pública en Condorcanqui no se interrumpe y que se continuará trabajando para fortalecer progresivamente la atención, tanto en número de defensores como en cobertura territorial.
La institución aseguró que seguirá monitoreando la situación y adoptando las medidas necesarias para garantizar que la población amazónica cuente con patrocinio legal gratuito, oportuno y de calidad, reafirmando así el compromiso del Estado con la defensa de los derechos humanos.