La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental logró, en el lapso de una semana, dos sentencias condenatorias contra nueve personas involucradas en actividades de minería ilegal en Pataz, una de las zonas más golpeadas por la extracción ilícita de minerales en la región La Libertad. Las resoluciones judiciales incluyen penas de cárcel suspendidas y una reparación civil conjunta de S/ 100 000 a favor del Estado.
Condenas por minería ilegal en Parcoy
Las sentencias fueron obtenidas por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, tras intervenciones realizadas en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz. En el primer caso, seis personas —identificadas con las iniciales M. A. A. P., J. N. D. R., L. M. L. G., D. N. L. M., J. A. V. R. y J. L. L. M.— fueron detenidas en el sector La Castilla durante un operativo fiscal-policial.
En el segundo proceso, otros tres investigados —S. J. S. A., E. M. P. y A. A. R. C.— fueron intervenidos en flagrancia delictiva en el sector Marleny, en operativos ejecutados los días 11 y 18 de diciembre, respectivamente. En ambos casos, el Poder Judicial determinó responsabilidad penal por el delito de minería ilegal, conforme a la normativa ambiental vigente.
Penas suspendidas y reparación civil
Como resultado de las investigaciones, el juzgado impuso a los nueve sentenciados una pena de tres años de prisión suspendida, condicionada al cumplimiento de reglas de conducta. Asimismo, se ordenó el pago de una reparación civil total de S/ 100 000, monto que deberá ser abonado de manera solidaria a favor del Estado peruano.
De acuerdo con la Fiscalía, las sentencias se sustentaron en pruebas que acreditaron la participación directa de los implicados en actividades de extracción ilícita de minerales, sin contar con autorización legal ni cumplir con estándares ambientales.
Hallazgo de maquinaria y material aurífero
Durante las intervenciones realizadas en los sectores La Castilla y Marleny, las autoridades encontraron maquinaria pesada, costales con relave aurífero y diversos implementos utilizados para la extracción ilegal de minerales. Estos elementos fueron incorporados como medios probatorios en los procesos penales, permitiendo sustentar la acusación fiscal.
La presencia de estos equipos confirma, según el Ministerio Público, la continuidad de operaciones ilegales en zonas de alto valor ambiental y social, donde la minería informal y criminal ha generado impactos negativos en ríos, suelos y comunidades locales.
Terminación anticipada de los procesos
Ambas sentencias se obtuvieron mediante el mecanismo de terminación anticipada, figura legal que implica el reconocimiento del delito por parte de los acusados. Esta vía permitió acelerar los procesos judiciales y obtener resoluciones firmes en un corto plazo.
Las investigaciones estuvieron a cargo de los fiscales adjuntos provinciales Ray Díaz Calderón y Alicia Gilian Ríos, quienes realizaron las diligencias en campo en la provincia de Pataz. La coordinación y dirección del equipo fiscal fue asumida desde Trujillo por el fiscal provincial Víctor Cabrera Gómez, quien estableció los lineamientos de ambas investigaciones.
Pataz, foco crítico de minería ilegal
La provincia de Pataz se ha convertido en uno de los principales focos de minería ilegal en el norte del país, con reiterados operativos fiscales y policiales orientados a frenar esta actividad ilícita. La explotación informal de oro ha sido asociada a daños ambientales, conflictos sociales y economías criminales que operan al margen de la ley.
En ese contexto, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental señaló que estas sentencias buscan no solo sancionar a los responsables directos, sino también enviar un mensaje disuasivo frente a la expansión de la minería ilegal en la región La Libertad.
Compromiso del Ministerio Público
A través de estas resoluciones judiciales, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con la lucha contra la minería ilegal y la protección de los ecosistemas afectados por la actividad extractiva ilícita. La Fiscalía indicó que continuará ejecutando operativos y procesos penales en coordinación con la Policía Nacional y otras entidades del Estado.
Finalmente, se precisó que las acciones fiscales en Pataz forman parte de una estrategia sostenida para mitigar los daños ambientales, garantizar el cumplimiento de la ley y fortalecer la presencia del Estado en zonas vulnerables a economías ilegales.