Balance de una legislatura marcada por el control del gasto público
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República culminó la primera legislatura del Periodo Anual de Sesiones 2025–2026 consolidándose como uno de los principales espacios de control político, supervisión del gasto público y defensa del uso adecuado de los recursos del Estado. Bajo la presidencia del congresista Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), el grupo de trabajo impulsó investigaciones relevantes, dictámenes legislativos y acciones de fiscalización con impacto nacional y regional.
Durante este periodo, la comisión fortaleció su rol constitucional al priorizar casos vinculados a presuntas irregularidades en gobiernos regionales, entidades públicas estratégicas y sectores sensibles como seguridad ciudadana, justicia y defensa, reafirmando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Investigación al Gobierno Regional de Huánuco
Uno de los hitos más relevantes de la legislatura fue la aprobación de facultades de comisión investigadora para indagar presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Huánuco, durante la gestión del gobernador Antonio Pulgar Lucas. La medida fue respaldada por el Pleno del Congreso, que aprobó la Moción de Orden del Día N.º 19978 con 74 votos a favor.
La investigación está vinculada a 32 obras paralizadas, contratos con la empresa Grupo Prégola S.A.C. y el manejo de recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura vial, salud y transporte. Estas obras inconclusas afectan directamente a miles de ciudadanos de la región, lo que motivó la intervención del Parlamento.
Gracias a las facultades especiales otorgadas, la comisión podrá realizar una indagación más exhaustiva, transparente y eficaz. El plan de trabajo contempla la revisión documentaria, citaciones a funcionarios y exautoridades, visitas in situ y coordinaciones con entidades de control, con miras a la elaboración de un informe final con conclusiones y recomendaciones.
Obras bajo observación y contratos cuestionados
La indagación comprende 22 obras públicas, la evaluación de posibles sobrecostos, contratos vinculados al Grupo Prégola S.A.C. y deficiencias en proyectos de alto impacto social, como el Hospital de Santa María. Según informó la comisión, estos proyectos presentan serias observaciones en su ejecución, lo que evidencia fallas en la gestión pública regional.
El objetivo central de la investigación es determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales, de corresponder, y contribuir a que los recursos públicos sean correctamente utilizados en beneficio de la población.
Fiscalización a universidades y entidades públicas
Además, la Comisión de Fiscalización conformó un grupo de trabajo especial para investigar la problemática relacionada con la titularidad de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ampliando así su agenda de fiscalización institucional. Este caso se suma a otros temas vinculados a la gestión y gobernanza de instituciones públicas de educación superior.
Estas acciones reflejan una línea de trabajo orientada no solo a los gobiernos regionales, sino también a entidades nacionales con alto impacto social y presupuestal.
Avances normativos y derechos laborales
En el plano legislativo, la comisión cerró la legislatura con avances normativos significativos. Durante el periodo recibió 14 proyectos de ley, que se tradujeron en tres dictámenes, orientados a fortalecer la institucionalidad del Estado, la transparencia y la defensa de los derechos laborales.
Destaca el dictamen recaído en los proyectos de ley 12007/2025-CR y otros, que propone la Ley de estabilidad laboral para profesionales de la Contraloría General de la República. Esta iniciativa busca reconocer los derechos de trabajadores que, pese a mantener vínculos laborales de naturaleza indeterminada, fueron recontratados bajo modalidades temporales entre 2022 y 2024.
Asimismo, se impulsó el dictamen de los proyectos de ley 10778/2024-CR, 10868/2024-CR y otros, que plantea la incorporación progresiva de trabajadores CAS a plazo indeterminado de la Contraloría al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, con el objetivo de uniformar las relaciones laborales y fortalecer el sistema nacional de control.
Transparencia en gobiernos regionales y locales
Otro avance relevante fue el dictamen recaído en los proyectos de ley 5414/2022-CR y 9960/2024-CR, que propone modificar las normas que regulan la transferencia de la gestión administrativa en los gobiernos regionales y locales. La iniciativa busca precisar responsabilidades administrativas, reforzar los mecanismos de fiscalización y fortalecer la transparencia, la idoneidad y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.
Estas propuestas se alinean con una agenda legislativa orientada a prevenir irregularidades en los procesos de cambio de gestión y asegurar la continuidad administrativa.
Agenda anticorrupción en desarrollo
La Comisión de Fiscalización informó que mantiene en agenda importantes dictámenes vinculados a la lucha contra la corrupción. Entre ellos destacan:
- El dictamen del Proyecto de Ley 10046/2024-CR, que amplía el control concurrente en las inversiones públicas.
- El dictamen del Proyecto de Ley 8889/2024-CR, que fortalece la Ley 31358.
- El dictamen del Proyecto de Ley 4850/2022-CR, referido a la declaración jurada de integridad funcional.
Estas iniciativas buscan reforzar los mecanismos de prevención, supervisión y sanción frente a actos de corrupción en la administración pública.
Trabajo descentralizado y control político
En el ámbito territorial, la comisión realizó audiencias públicas descentralizadas en Puno y Ucayali, recogiendo demandas ciudadanas y problemáticas regionales relacionadas con la gestión pública. Durante la legislatura se desarrollaron 10 sesiones ordinarias, 9 sesiones extraordinarias y tres mesas técnicas, dos de ellas vinculadas a proyectos de ley sobre la Contraloría y una dedicada a la situación institucional de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma.
En su rol de control político, la comisión citó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y al ministro de Defensa, César Díaz Peche, para evaluar los avances de los estados de emergencia en La Libertad, así como al ministro de Justicia, para analizar la situación crítica del INPE.
De esta manera, la Comisión de Fiscalización y Contraloría reafirma su compromiso con el control democrático, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, consolidando una agenda que coloca en el centro la integridad y la rendición de cuentas.