El voto digital no será aplicado en las Elecciones Generales 2026. Así lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que su Pleno aprobara una opinión técnica desfavorable sobre el sistema informático desarrollado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión se sustenta en los resultados de una auditoría especializada que concluyó que la solución tecnológica no está lista ni garantiza condiciones mínimas de seguridad de cara a los comicios programados para el 12 de abril de 2026.
El anuncio fue realizado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien explicó que la evaluación técnica tomó en cuenta la viabilidad del sistema, el respeto al cronograma electoral y la oportunidad real de implementar esta modalidad de votación sin poner en riesgo el derecho al sufragio de los ciudadanos. Según señaló, el sistema de voto digital presenta deficiencias estructurales que impiden asegurar su funcionamiento adecuado dentro de los plazos previstos.
Auditoría detectó fallas en seguridad e infraestructura
De acuerdo con la explicación brindada por Burneo, el informe aprobado por el Pleno del JNE advierte que el sistema de voto digital no se encuentra culminado, presenta fallas técnicas relevantes y carece de garantías suficientes para operar de manera segura el día de las elecciones. “Nadie puede garantizar que esté listo para el 12 de abril”, afirmó el titular del organismo electoral durante una conferencia de prensa.
El director de Fiscalización Electoral Digital del JNE, Carlos Rodríguez, detalló que el equipo auditor identificó serias deficiencias en la infraestructura tecnológica, la cual no estaba completamente implementada ni validada. Esta situación impidió evaluar de manera adecuada la seguridad, la resiliencia y la continuidad operativa del sistema, elementos considerados esenciales en cualquier proceso electoral.
Entre los principales hallazgos, el JNE advirtió que la ONPE aún no había realizado pruebas de ethical hacking, necesarias para detectar vulnerabilidades del sistema frente a eventuales ataques cibernéticos. Además, considerando que el voto digital permitiría la emisión de sufragios desde el extranjero, no se encontraron garantías suficientes para asegurar la integridad y confidencialidad de esos votos.
Riesgos para el secreto del voto y accesibilidad
Otro aspecto crítico señalado por la auditoría fue la falta de mecanismos que aseguren plenamente el secreto del voto, principio fundamental del sistema electoral peruano. Según el informe, se detectaron vulnerabilidades que podrían comprometer este derecho, lo que representa un riesgo inaceptable para el desarrollo de las elecciones.
Asimismo, el proyecto de voto digital no contaba con el sello de accesibilidad digital, requisito exigido para certificar que las plataformas del Estado puedan ser utilizadas en igualdad de condiciones por personas con o sin discapacidad. Esta omisión fue considerada una falencia relevante, especialmente tratándose de una modalidad de votación que busca ampliar la inclusión electoral.
Ante este escenario, Burneo sostuvo que el JNE no puede “arriesgar” a que los ciudadanos inscritos para el voto digital —cerca de 10 mil personas— se vean impedidos de ejercer su derecho por fallas del sistema. “Nuestra opinión es clara: el voto digital no va para las Elecciones Generales 2026”, enfatizó.
Garantizan voto presencial para todos los electores
El presidente del JNE aclaró que la decisión no afecta el derecho al voto de los ciudadanos que se habían inscrito para utilizar la modalidad digital. Según precisó, el voto convencional está plenamente garantizado para los más de 27 millones de electores, tanto dentro del país como en el extranjero.
“El ejercicio del voto está absolutamente garantizado para todos los peruanos”, señaló Burneo, remarcando que los grupos priorizados, como miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, también podrán sufragar mediante los mecanismos tradicionales organizados por la ONPE.
Desde el JNE se insistió en que la exclusión del voto digital responde exclusivamente a criterios técnicos y de oportunidad, y que no se trata de un rechazo definitivo a esta modalidad. Por el contrario, el organismo considera que el voto digital podría evaluarse nuevamente en futuros procesos electorales, siempre que se cumplan los estándares requeridos.
ONPE cuestiona informe y espera auditoría internacional
Tras el pronunciamiento del JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales expresó su posición a través de su vocera, Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional. La funcionaria señaló que, hasta el momento del anuncio público, la ONPE no había recibido el documento técnico completo que sustenta la decisión del JNE, y que solo conocían las conclusiones generales de la auditoría.
Valencia explicó que el equipo de fiscalización del JNE realizó visitas técnicas principalmente durante el mes de noviembre, de las cuales se levantaron 14 actas de reuniones. No obstante, subrayó que la normativa electoral también contemplaba que la ONPE contara con una auditoría independiente, razón por la cual el organismo contrató de manera paralela una auditoría internacional.
Según indicó, la ONPE encargó este proceso a la empresa CGTS, con experiencia en auditorías de voto digital en países como Panamá y El Salvador. Los resultados preliminares de esta evaluación internacional se conocerán el 30 de diciembre, y serán claves para futuras decisiones sobre la implementación del voto digital en el Perú.
Una discusión que queda abierta
La decisión del JNE cierra, por ahora, la posibilidad de aplicar el voto digital en las Elecciones Generales 2026, pero deja abierta la discusión sobre su viabilidad a mediano y largo plazo. Especialistas han señalado que, para avanzar en esta modalidad, será necesario establecer una hoja de ruta clara, con pruebas anticipadas, mayor transparencia y estándares internacionales de seguridad y accesibilidad.
Mientras tanto, el sistema electoral peruano se encamina a un nuevo proceso electoral con el sufragio presencial como único mecanismo, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana y la necesidad de garantizar elecciones íntegras y confiables.