El Hospital Militar Central, principal centro de atención médica de las Fuerzas Armadas, atraviesa una situación que ha generado preocupación entre pacientes, familiares y personal de salud. Desde hace más de dos semanas, el ascensor principal del establecimiento —clave para el desplazamiento de personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes con movilidad reducida— se encuentra inoperativo, sin que hasta el momento se haya anunciado una solución concreta.
La situación ha obligado a usuarios en sillas de ruedas y a pacientes con limitaciones físicas a depender de ayuda de terceros o a restringir su acceso a determinados ambientes del hospital, lo que, según especialistas en derechos de las personas con discapacidad, podría vulnerar condiciones básicas de accesibilidad y trato digno en un establecimiento público de salud.
Responsabilidad administrativa bajo el IAFAS del Ejército
La administración del Hospital Militar Central se encuentra bajo la órbita del Instituto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional – componente Ejército (IAFAS-EP), entidad encargada de gestionar los fondos de salud del personal militar y sus familias. De acuerdo con su marco funcional, el IAFAS tiene competencia directa sobre el financiamiento, mantenimiento y operatividad de los servicios hospitalarios, incluyendo la infraestructura crítica.
En ese contexto, la prolongación de la falla del ascensor ha generado interrogantes, considerando que se trata de un organismo que maneja presupuestos millonarios y cuenta con capacidad de contratación para atender contingencias operativas. Hasta ahora, no se ha informado públicamente si el problema responde a fallas técnicas complejas, procesos administrativos pendientes o decisiones de gestión interna.
Cuestionamientos a la conducción del IAFAS
Al frente del IAFAS del Ejército se encuentra el coronel EP Felipe Vladimir Benites Sotomayor, quien permanece en el cargo pese a cuestionamientos previos difundidos en distintos espacios informativos. Según antecedentes conocidos, Benites Sotomayor habría estado vinculado en el pasado a investigaciones fiscales relacionadas con presunto peculado durante su desempeño en el Batallón de Intendencia N.° 511.
Dichos hechos forman parte del caso conocido como “Los tíos del Ejército”, en el cual el Ministerio Público investiga el presunto desvío de combustible por un monto superior a los S/ 3.5 millones, ocurrido entre los años 2014 y 2018. El proceso, según información judicial, continúa en etapa de investigación en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Sur, sin que exista hasta el momento una sentencia firme.
Si bien los antecedentes no implican una responsabilidad penal determinada, estos registros forman parte del contexto público que rodea la actual gestión del IAFAS y reavivan cuestionamientos sobre los criterios utilizados para mantener a determinados oficiales en cargos estratégicos vinculados a administración de recursos.
En la misma línea aparece el nombre del mayor EP Klifford Rey Sánchez, quien habría tenido mando directo sobre personal del Batallón de Intendencia N.° 511 en el periodo en que ocurrieron hechos que derivaron tanto en investigaciones fiscales como en un episodio trágico: el fallecimiento de cuatro soldados en junio de 2017, en la playa Marbella, distrito de Magdalena del Mar.
De acuerdo con información difundida en su momento, el personal ingresó al mar pese a condiciones adversas y señalización de riesgo, sin contar —presuntamente— con las medidas de seguridad adecuadas. Estos hechos también forman parte de investigaciones y reportes institucionales conocidos públicamente.
Más allá de los antecedentes individuales, el caso del ascensor inoperativo vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad institucional del Ejército del Perú frente a la atención de sus propios asegurados. Organismos nacionales e internacionales han reiterado que la accesibilidad no es un servicio adicional, sino un derecho básico, especialmente en establecimientos de salud.
La ausencia de medidas correctivas inmediatas frente a una falla que afecta directamente a personas con discapacidad podría interpretarse como una omisión administrativa relevante, más aún tratándose de un hospital que debería cumplir estándares superiores de atención.