El Poder Judicial dictó una sentencia de cuatro años de prisión suspendida contra Josué Enrique Ortiz Mendoza, ciudadano que agredió físicamente a un orientador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) mientras cumplía funciones en la estación Naranjal del Metropolitano, ubicada en el distrito de Independencia. El fallo incluye además el pago de una reparación civil de S/ 5,000 a favor del trabajador afectado.
La decisión judicial se produjo apenas dos días después del ataque, en una audiencia realizada el miércoles 17 de diciembre, lo que evidencia una respuesta rápida del sistema de justicia frente a hechos de violencia cometidos contra personal que labora en el sistema de transporte público.
Sentencia por lesiones graves
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia resolvió el caso mediante una audiencia de terminación anticipada, solicitada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de Lima Norte. En dicha diligencia, el juzgado halló responsable al agresor por el delito de lesiones graves, imponiéndole reglas de conducta durante el periodo de prisión suspendida.
Como parte de la condena, el sentenciado deberá cumplir con el pago de la reparación civil en cuotas mensuales de S/ 200, durante un periodo de 25 meses, hasta completar el monto fijado a favor del orientador de la ATU.
Ataque ocurrió en la estación Naranjal
El hecho se registró el 15 de diciembre, cuando el orientador Juan Fernando Vilcabana de la Cruz se encontraba realizando labores de orientación y ordenamiento de usuarios en una de las zonas de embarque del Metropolitano, en la estación Naranjal.
Según la información oficial, el trabajador fue golpeado en la nariz mientras cumplía sus funciones, en un contexto de atención al público. El ataque generó la inmediata intervención del personal de seguridad y de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) destacados en la estación.
Detención en flagrancia
Tras la agresión, Josué Enrique Ortiz Mendoza fue detenido en flagrancia por agentes policiales presentes en la estación, lo que permitió su rápida puesta a disposición del Ministerio Público y la activación del proceso penal correspondiente.
La condición de flagrancia facilitó que el caso sea tramitado con celeridad, permitiendo que en menos de 48 horas se realice la audiencia judicial y se emita una sentencia, evitando así la prolongación del proceso.
Respuesta rápida del sistema de justicia
Desde la Autoridad de Transporte Urbano, se destacó que este fallo constituye una señal clara de que el Estado responde de manera firme frente a actos de violencia en el transporte público. La entidad saludó la decisión judicial, resaltando la importancia de proteger a los orientadores y trabajadores que cumplen un rol clave en el ordenamiento del sistema.
La ATU señaló que sus orientadores trabajan diariamente para garantizar la seguridad, el orden y la adecuada atención a los usuarios, por lo que cualquier agresión contra ellos no solo afecta a la persona, sino al correcto funcionamiento del servicio.
Violencia en el transporte público bajo sanción
El caso se enmarca en un contexto de tolerancia cero frente a la violencia en los sistemas de transporte masivo. Las autoridades han reiterado que las agresiones contra trabajadores del sector serán perseguidas y sancionadas conforme a la ley, especialmente cuando ocurren en ejercicio de funciones.
Desde el sector transporte se ha insistido en que el respeto a los orientadores, inspectores y personal operativo es fundamental para garantizar un servicio seguro y eficiente para millones de usuarios que utilizan diariamente el Metropolitano y otros medios de transporte público.
Rol de los orientadores de la ATU
Los orientadores de la ATU cumplen funciones esenciales en estaciones y paraderos, como organizar el flujo de pasajeros, brindar información, prevenir incidentes y apoyar a los usuarios durante el embarque y desembarque. Su presencia resulta clave en estaciones de alta demanda como Naranjal, una de las principales del sistema del Metropolitano.
La ATU recordó que estos trabajadores están debidamente identificados y actúan en coordinación con la PNP y personal de seguridad, por lo que cualquier agresión contra ellos será denunciada y llevada ante las instancias correspondientes.
Mensaje disuasivo para futuros casos
El fallo judicial busca también generar un efecto disuasivo, dejando en claro que los actos de violencia en el transporte público no quedarán impunes. La rápida condena y la imposición de una reparación civil representan un precedente frente a este tipo de conductas.
Desde la ATU se reiteró el llamado a los usuarios a respetar al personal del sistema, resolver cualquier inconveniente por las vías formales y contribuir a un entorno de convivencia y seguridad en el transporte público.