El suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, se pronunció públicamente a través de un mensaje de audio difundido en redes sociales, en el que niega las acusaciones que lo vinculan como presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a irregularidades en contrataciones públicas.
En el audio, difundido mientras permanece en condición de no habido, Castillo sostiene que las imputaciones formuladas por el Ministerio Público carecen de sustento. “Las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento, ni motivación, ni pruebas”, señala en el mensaje dirigido a la población chalaca.
El pronunciamiento se produce tres días después de que la Fiscalía ejecutara allanamientos y detenciones preliminares en el marco del caso “Los socios del Callao”, investigación que involucra a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao.
Castillo afirmó que tomó conocimiento de la orden de detención luego de haber estado hospitalizado en una clínica privada, y cuestionó la legalidad de la medida dictada por la Tercera Sala Anticorrupción del Callao, calificándola como un atropello al debido proceso y un daño a su imagen personal, familiar y política.
En su mensaje, el suspendido gobernador también puso en duda la solidez del expediente fiscal. Según indicó, el caso fue previamente remitido a Lima y devuelto por falta de fundamentos de crimen organizado, pero posteriormente se ordenó su detención en el Callao bajo esa misma tipificación penal.
Castillo sostuvo que durante su gestión delegó funciones administrativas, deslizando que no tendría responsabilidad directa en los hechos investigados. Además, hizo un llamado a que se respeten los derechos ciudadanos y pidió que las autoridades actúen con imparcialidad.
El audio concluye con un mensaje de tono personal, en el que el exfuncionario expresó su deseo de reencontrarse con su familia durante las fiestas de fin de año, señalando que el Callao representa también su “familia política”.
El caso “Los socios del Callao”
Según la Fiscalía, la presunta organización criminal habría operado durante 2023, direccionando más de 60 contrataciones públicas en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED), con un perjuicio económico al Estado superior a S/ 1.4 millones.
El Ministerio Público sostiene que los procesos se fragmentaban en montos menores a 8 UIT para evitar licitaciones, beneficiando a proveedores específicos. En ese esquema, Castillo habría participado de manera coordinada y permanente junto a funcionarios de confianza.
El operativo fiscal incluyó allanamientos a 27 inmuebles, detenciones preliminares y órdenes de captura para Castillo y otros investigados que aún no han sido ubicados.
Por su parte, la defensa legal de Ciro Castillo rechazó las imputaciones y denunció presuntas irregularidades procesales, cuestionando la investigación reservada y anunciando acciones legales contra fiscales y magistrados involucrados en el caso.