El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Popular anunció una serie de medidas legales, disciplinarias y administrativas tras los cuestionamientos surgidos en torno a su proceso interno. A través de un comunicado oficial, la dirigencia del partido informó que se mantiene en defensa de su derecho de participación política y de la vigencia de su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en pleno contexto preelectoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.
Las decisiones fueron adoptadas en la sesión del CEN del 16 de diciembre de 2025 y buscan responder a los hechos que el partido califica como un fraude interno, así como reforzar los mecanismos de transparencia y control institucional.
Acción de amparo para proteger inscripción partidaria
Como primer acuerdo, Acción Popular anunció la presentación de una acción de amparo destinada a salvaguardar el derecho constitucional de participación política del partido y garantizar la vigencia de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.
El comunicado señala que esta medida apunta a preservar la continuidad del partido dentro del sistema electoral y asegurar su participación en el proceso electoral de 2026, conforme al cronograma oficial aprobado por el organismo electoral.
La dirigencia considera que existen elementos que podrían afectar de manera indebida su situación legal, por lo que recurrirá a la vía constitucional para proteger sus derechos políticos.
Denuncia penal y proceso de expulsión por presunto fraude
El segundo acuerdo anunciado por el CEN es la presentación de una denuncia penal contra Cinthia Pajuelo Chávez, así como contra los delegados suplantadores y todas las personas que resulten responsables del presunto fraude cometido durante el proceso interno del partido.
De manera paralela, Acción Popular dispuso la apertura de un proceso de expulsión de oficio contra los implicados, en el marco de sus normas estatutarias y disciplinarias. La dirigencia sostiene que los hechos detectados vulneran gravemente la legalidad interna y la transparencia partidaria.
El partido no precisó plazos, pero dejó en claro que las acciones legales y disciplinarias se ejecutarán de forma inmediata y coordinada.
Auditoría integral a finanzas del partido
Como tercer punto central, el Comité Ejecutivo Nacional ordenó la realización de una auditoría integral a los ingresos y gastos de Acción Popular, tanto del Fondo Público Directo (FPD) como de los aportes y rentas percibidas por la organización.
La auditoría abarcará el período comprendido entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 y estará a cargo del Comité Nacional de Finanzas. Según el comunicado, esta decisión busca reforzar la transparencia interna y despejar cualquier cuestionamiento sobre el manejo de los recursos partidarios.
La dirigencia subrayó que el control financiero es una medida preventiva clave en un contexto de alta fiscalización electoral.
Contexto electoral y presión sobre partidos políticos
El pronunciamiento de Acción Popular se produce en medio de un escenario marcado por una mayor vigilancia de los organismos electorales, investigaciones periodísticas y cuestionamientos a procesos internos de distintas agrupaciones políticas de cara a las Elecciones Generales 2026.
En este contexto, el partido busca enviar una señal de firmeza institucional, defendiendo su continuidad legal, sancionando presuntas irregularidades y reforzando los mecanismos de control interno.
Partido afirma defensa de la legalidad y la democracia interna
En su comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional reafirma su compromiso con la legalidad, la democracia interna y la transparencia, asegurando que no permitirá prácticas que afecten la credibilidad del partido ni su rol dentro del sistema democrático.
Las acciones anunciadas —amparo constitucional, denuncia penal y auditoría financiera— marcan una estrategia integral para enfrentar la crisis interna y mantener a Acción Popular en carrera electoral.