Por: EDUARDO BRUCE MONTES DE OCA*
Viene a cuento recordar lo que nos pasó en los años 1800: el boom del guano. De la enorme riqueza que nos trajo ese “oro blanco”, que la naturaleza nos regaló en las islas de nuestro litoral, hoy queda muy poco: algunas mejoras en la capital y el tren Lima-Huancayo, que actualmente solo sirve para el trasiego de mineral de la sierra a la costa, beneficiando principalmente a las empresas mineras. De nuevo, nos encontramos repitiendo la historia; ante los enormes ingresos que nos da la minería, carecemos de una visión clara sobre cómo aprovechar de manera sostenible esas riquezas naturales.
Existen similitudes bastante relevantes entre la época del boom del guano y el momento que vive hoy el Perú con el auge minero, lo cual es verdaderamente preocupante. Vemos, de forma cruda, cómo el país repite los mismos errores: una economía hiperdependiente de una sola fuente de riqueza, con un Estado que gasta sin transformar. En 2024, las exportaciones mineras alcanzaron los 47.9 mil millones de dólares, representando un abrumador 75 % del total exportado por el país. En 2015, esa cifra era de 18.9 mil millones, apenas el 48 % del total. Es decir, en el periodo 2015–2024, los ingresos por exportaciones mineras aumentaron en un 153 %, pero no hay evidencia de que ese salto haya servido para diversificar la economía, cerrar brechas territoriales o fortalecer capacidades estatales sostenibles. Como ocurrió con el guano, la bonanza está siendo tratada como un maná transitorio y no como una oportunidad estratégica. Ya sabemos cómo terminó aquella historia.
Pero aquí viene lo grave: en el mismo periodo, los gastos del sector público aumentaron de USD 39.7 mil millones a USD 74.9 mil millones, un incremento del 88 %. Sería positivo si ese aumento hubiera estado dirigido principalmente a la inversión pública; sin embargo, la realidad es otra. Lo ejecutado en puentes, carreteras, infraestructura y obras similares creció apenas de USD 9.8 mil millones a USD 14.2 mil millones, un incremento de solo 45 %. En cambio, los gastos en personal del sector público se dispararon de USD 12.2 mil millones a USD 23.0 mil millones; es decir, un 90 % más. Y para agravar aún más el panorama, el gasto en bienes y servicios –papel, útiles de oficina, pasajes de funcionarios y otros rubros no productivos– subió de USD 10.6 mil millones a USD 18.5 mil millones (74 %). En resumen, los ingresos extraordinarios que hoy nos entrega el boom minero están siendo dilapidados en gasto corriente, sin transformar la estructura económica del país ni fortalecer su futuro.
LA EXPLOTACIÓN DEL “ORO BLANCO”
El “milagro” del guano representó ingresos sin precedentes para el país. Se trató de un auge económico basado en la exportación masiva de guano de las islas, principalmente de las Chincha, utilizado como fertilizante agrícola y altamente demandado en Europa. Entre 1840 y 1879, el guano se convirtió en el principal producto de exportación del Perú. Durante sus años de auge, llegó a representar entre el 60 % y el 80 % de los ingresos fiscales del Estado peruano. En ciertos momentos –como en la década de 1860–, más del 70 % del presupuesto nacional se financiaba directamente con estos ingresos. Se estima que el Perú obtuvo más de 500 millones de soles de la época por concepto de ventas de guano, una cifra colosal para el siglo XIX.
El Estado utilizó esta bonanza para consolidar un proyecto incipiente de centralización institucional. Con los ingresos del guano se construyó el Ferrocarril Central –que hoy solo sirve para el trasiego de mineral–, se fortaleció la burocracia estatal con salarios relativamente altos, se pagaron sueldos a las fuerzas armadas, encargadas de mantener el orden en medio de una inestabilidad política crónica, y se emprendieron algunas obras públicas y educativas, aunque en su mayoría limitadas a Lima y las costas urbanas.
Pero la otra cara del auge fue el derroche y el endeudamiento. En 1869 se firmó el “Contrato Dreyfus”, que entregó el monopolio de la venta del guano en Europa. A cambio, el gobierno recibió adelantos masivos en efectivo, hipotecando así los ingresos futuros del país.
Fueron varios los presidentes responsables de este desbarajuste, pero ninguno tan relevante como Ramón Castilla. Nuestra imperfecta visión de la historia tiende a mostrarnos solo lo bueno que representó su gobierno, y acaso, como una suerte de mecanismo compensatorio, ignoramos lo malo. Lo cierto es que Castilla estableció muchos de los errores estructurales en la explotación del guano, instaurando un sistema clientelista que, fatalmente, perdura hasta hoy. No reformó el sistema fiscal ni construyó una ciudadanía tributaria que sostuviera al Estado más allá del guano; por el contrario, optó por financiarlo casi exclusivamente con una riqueza extractiva y volátil, lo que desincentivó cualquier esfuerzo serio de diversificación económica.
Esa decisión consolidó una lógica rentista que volvió prescindible el desarrollo productivo interno y reforzó a una élite costeña con acceso privilegiado al poder y al gasto público, mientras el resto del país quedaba al margen. Al mismo tiempo, Castilla inauguró el centralismo limeño como método de gobernabilidad: un Estado fuerte en la capital, sostenido por la renta, pero débil en el territorio.
UN ESTADO QUE NO APRENDE DE LA HISTORIA
Esto no es culpa de las empresas que explotan nuestros recursos bajo contratos de concesión; es, sin matices, responsabilidad de un Estado ineficiente, atrapado en el cortoplacismo, que gobierna sin una mirada estratégica de largo plazo. En lugar de convertir la bonanza minera en palanca de transformación, postergamos la inversión necesaria para asegurar la subsistencia y el bienestar de los futuros peruanos. Las obras públicas se paralizan, y muchas ni siquiera se inician. Más allá de algunas construcciones hospitalarias, la salud pública languidece, desbordada y mal gestionada. La educación, por su parte, anda sin brújula, rehén de disputas ideológicas o simplemente ignorada. Mientras tanto, el Estado destina miles de millones de dólares a aviones de guerra y tanques, en una carrera armamentista anacrónica, cuando el sector defensa en el mundo está girando hacia tecnologías mucho más eficientes y baratas: drones, inteligencia artificial y ciberdefensa, herramientas que además pueden servir a la nación incluso en tiempos de paz, con aplicaciones en vigilancia ambiental, prevención de desastres o lucha contra el crimen. La pregunta de fondo es simple y urgente: ¿es que acaso quienes gobiernan no son capaces de aprender de la historia?
