El Congreso de la República dio un paso clave en materia laboral al concretar la firma de la autógrafa de ley que dispone la incorporación progresiva de los trabajadores del Ministerio Público que laboran bajo el régimen CAS a plazo indeterminado al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. La medida beneficiará a más de 11 mil trabajadores a nivel nacional.
El acto fue encabezado por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, quien suscribió la norma en una ceremonia considerada histórica por los gremios sindicales del Ministerio Público, tras años de demandas por igualdad de derechos laborales.
Fin a la discriminación laboral
La ley tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación laboral, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución. De acuerdo con el texto aprobado, la incorporación al régimen 728 permitirá cerrar una brecha histórica entre trabajadores que desempeñan funciones similares, pero bajo condiciones contractuales distintas.
Desde el Congreso se señaló que esta reforma no solo reconoce derechos laborales, sino que también fortalece la capacidad institucional del Ministerio Público, al brindar mayor estabilidad a su personal y asegurar la continuidad y calidad del servicio de administración de justicia.
¿Quiénes están comprendidos en la ley?
La norma establece que la incorporación al régimen 728 será progresiva y aplicará exclusivamente a los trabajadores del Ministerio Público que se encuentran bajo el Decreto Legislativo 1057 (CAS) a plazo indeterminado.
Quedan expresamente excluidos del alcance de la ley el personal de confianza, así como aquellos trabajadores cuyos contratos CAS tengan carácter temporal, transitorio o de suplencia. Con ello, se busca preservar el ordenamiento laboral vigente y evitar interpretaciones extensivas que distorsionen la finalidad de la norma.
Reconocimiento a una lucha de más de una década
Durante una entrevista concedida a Congreso TV, David Hereña Espinosa, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, destacó la importancia del momento y agradeció la firma de la autógrafa.
“Hemos querido compartir este acto con el presidente del Congreso para expresar el agradecimiento de más de 11 mil trabajadores y sus familias, que hoy ven reconocido un derecho largamente postergado”, señaló.
Hereña remarcó que la norma permitirá mejorar las remuneraciones y corregir una discriminación salarial que, según indicó, se arrastraba desde hace más de diez años. “Este ha sido un anhelo histórico que finalmente se concreta”, subrayó.
Acceso pleno a beneficios laborales
En la misma línea, Olga Palacios Apolinario, secretaria general de la Federación de Trabajadores del Ministerio Público de Lima y Callao, resaltó que la incorporación al régimen 728 permitirá a los trabajadores acceder a la totalidad de beneficios laborales que establece la ley.
Entre ellos, mencionó el acceso a gratificaciones, catorce sueldos al año, compensación por tiempo de servicios (CTS) y demás beneficios sociales que no estaban plenamente garantizados bajo el régimen CAS.
“Este cambio significa dignidad laboral y reconocimiento al esfuerzo de miles de trabajadores que sostienen el funcionamiento del sistema de justicia”, afirmó Palacios, quien también agradeció el respaldo de congresistas de diversas bancadas.
Impacto institucional en el Ministerio Público
Desde el Parlamento se enfatizó que la medida tendrá un impacto positivo en el funcionamiento del Ministerio Público, al reducir la rotación de personal, fortalecer la especialización y mejorar la eficiencia del servicio fiscal.
La estabilización del capital humano es considerada clave para enfrentar los desafíos del sistema de justicia, especialmente en áreas sensibles como la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la violencia.
Próximo paso: Poder Ejecutivo
Tras la firma de la autógrafa por parte del presidente encargado del Congreso, la norma será remitida al Poder Ejecutivo, que deberá evaluar su promulgación u observación dentro de los plazos constitucionales.
De ser promulgada, la ley marcará un precedente importante en la política laboral del sector público y en la progresiva eliminación del régimen CAS como forma permanente de contratación en el Estado.
Para los trabajadores del Ministerio Público, la firma de la autógrafa representa no solo un avance normativo, sino el reconocimiento de una lucha sostenida por derechos laborales plenos.