La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, cuestionó duramente al Congreso de la República tras la aprobación de su primera inhabilitación por 10 años y afirmó que dicha decisión evidencia una “actuación dictatorial” del Legislativo, que ahora evalúa un segundo pedido de sanción en su contra.
Espinoza se pronunció luego de participar en la sesión de la Comisión Permanente, donde ejerció su derecho a la defensa frente al nuevo proceso de inhabilitación que se debate en el Parlamento.
Defiende su gestión y denuncia persecución política
A la salida de la sesión, la magistrada defendió su desempeño como fiscal de la Nación y sostuvo que las acciones del Congreso responden a represalias por haber cumplido su labor con independencia.
“Esta es una clara persecución mal llamada política. No es una actuación basada en aspectos jurídicos, sino en venganza y represalia por haber hecho mi trabajo con pulcritud y respetando el debido proceso”, afirmó.
Espinoza señaló que sus actuaciones estuvieron orientadas a garantizar la legalidad y el respeto a la Constitución, incluso cuando involucraban a congresistas.
Las denuncias constitucionales en su contra
La exfiscal enfrenta las denuncias constitucionales 563 y 618, vinculadas a la presentación de la denuncia constitucional 549 contra 11 parlamentarios. Estos legisladores aprobaron una norma que permitió a exmiembros de las Fuerzas Armadas percibir simultáneamente una pensión y un sueldo como congresistas.
Sobre este punto, Espinoza aclaró que el Ministerio Público no atribuye responsabilidades de manera directa, sino que solicita que se inicie un proceso de investigación.
“El fiscal no establece responsabilidad. Es el requirente que solicita que se determine si existe o no”, explicó, al referirse al artículo 93 de la Constitución.
“Se favorecieron a sí mismos”, afirma Espinoza
La magistrada sostuvo que los congresistas denunciados incurrieron en un acto contrario a los intereses nacionales y cuestionó que hayan priorizado beneficios propios en lugar de legislar en favor de los pensionistas.
“Ellos se favorecieron y lo saben. Quieren ocultar esa mala decisión, pero eso configura delito y está demostrado en el documento”, sostuvo.
Asimismo, advirtió que el juicio político no debería usarse como una herramienta de represalia, sino con fundamentos jurídicos sólidos. “Con mi primera inhabilitación ya demostraron que están actuando dictatorialmente”, reiteró.
Cuestiona trato desigual del Congreso
Espinoza también criticó que el Congreso no haya aplicado el mismo rigor en otros casos, como las denuncias constitucionales contra Patricia Benavides, o el archivo de procesos contra Tomás Gálvez y Luis Arce.
En ese contexto, reiteró que su primera inhabilitación constituye una muestra clara de una actuación arbitraria del Legislativo, que ahora se prepara para debatir un segundo pedido de inhabilitación por 10 años en su contra.