El Congreso de la República aprobó la Ley N° 32527, que autoriza al Poder Ejecutivo a legislar durante 60 días en materias estratégicas de seguridad ciudadana, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. La norma permitirá al Gobierno implementar 48 medidas urgentes, de las cuales 24 están dirigidas a reforzar la lucha contra la criminalidad organizada, mejorar la investigación penal y optimizar el control en el sistema penitenciario.
Entre las acciones más relevantes se incluyen la modificación de normas penales y procesales para combatir la extorsión, sicariato, secuestro y minería ilegal, así como la optimización del control de armas y telecomunicaciones ilegales en cárceles. Además, se busca fortalecer los mecanismos de inteligencia criminal, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la libertad de prensa.
Garantías para el transporte público ante emergencias
La delegación de facultades también faculta al Ejecutivo a establecer un marco normativo para declarar la emergencia del servicio público de transporte. La medida busca asegurar la continuidad y la seguridad del servicio frente a amenazas graves, restricciones severas o situaciones que comprometan la integridad de los usuarios.
Impulso al crecimiento económico
En materia económica, la Ley N° 32527 incluye 17 disposiciones orientadas a fortalecer la sostenibilidad fiscal, combatir el fraude tributario y aduanero, acelerar la ejecución de infraestructura estratégica y promover la inversión pública y privada mediante asociaciones público-privadas. Estas medidas buscan dinamizar la economía y consolidar la confianza empresarial en un entorno de estabilidad y desarrollo.
Fortalecimiento institucional y modernización del Estado
El eje de fortalecimiento institucional contempla siete iniciativas clave, como la modernización del sistema de planeamiento estratégico y la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) y de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Asimismo, se incluyen acciones para mejorar la gobernanza en ciencia, tecnología e innovación y la eficiencia de los organismos reguladores.
Con estas facultades legislativas, el Gobierno reafirma su compromiso de actuar dentro del marco constitucional, mitigando la inseguridad, impulsando la economía y consolidando la institucionalidad del Estado, asegurando un camino ordenado hacia la estabilidad y el desarrollo del país.