La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao ejecutó un amplio operativo que incluyó el allanamiento de 27 inmuebles y la detención preliminar judicial de cuatro funcionarios públicos del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao), como parte de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.
Las diligencias fueron dirigidas por el fiscal provincial Wils Gonzáles Morales, con el apoyo del fiscal adjunto provincial Julio Cupe Gonzáles, ambos del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, en coordinación con agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor).
El caso representa uno de los golpes más severos contra la presunta corrupción regional en lo que va del año y vuelve a poner bajo la lupa el manejo de las contrataciones públicas en el primer puerto.
¿Cómo operaba “Los socios del GORE Callao”?
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la red criminal, autodenominada “Los socios del GORE Callao”, habría operado durante todo el año 2023, articulando un sistema para eludir los procesos de selección establecidos por la ley de contrataciones del Estado.
Según la investigación, los integrantes de esta presunta organización criminal habrían direccionado más de 60 contrataciones públicas, utilizando mecanismos irregulares como la fragmentación de compras, la emisión indebida de órdenes de servicio y la coordinación directa con proveedores específicos, todo ello con el fin de favorecer intereses particulares.
El monto total de las contrataciones bajo sospecha asciende a S/ 1 461 121.10, una cifra que, si bien no resulta millonaria en términos presupuestales, revela un esquema sistemático y sostenido de colusión, según fuentes del Ministerio Público.
Funcionarios bajo investigación y detenciones preliminares
La investigación fiscal alcanza a 15 funcionarios y servidores públicos del GORE Callao, quienes habrían participado activamente en la emisión irregular de órdenes de compra y de servicio. Cuatro de ellos fueron detenidos de manera preliminar, en cumplimiento de una orden judicial, mientras se recaban más elementos probatorios.
Las diligencias incluyeron el allanamiento de viviendas particulares, oficinas administrativas y otros inmuebles vinculados a los investigados, donde se incautó documentación, equipos electrónicos y otros elementos que serán sometidos a peritaje.
El objetivo, según la Fiscalía, es reconstruir el circuito completo de decisiones administrativas que permitió que estas contrataciones se realicen al margen de los procedimientos legales, afectando los principios de transparencia, libre competencia y correcta administración de los recursos públicos.
Gobernador del Callao con orden de captura
Uno de los puntos más sensibles del caso es que la investigación incluye al actual gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, para quien el Poder Judicial ha dictado orden de ubicación y captura.
Según la tesis fiscal, el gobernador habría tenido conocimiento y participación en la estructura que operaba dentro del Gobierno Regional, facilitando o permitiendo la continuidad de las contrataciones irregulares. La Fiscalía sostiene que su presunta intervención fue clave para mantener el esquema durante el periodo investigado.
Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado la ubicación del gobernador, mientras las autoridades continúan con las labores de búsqueda y ejecución de la orden judicial.
El rol de la Dircocor y el avance de la investigación
El operativo contó con la participación de un importante contingente de agentes de la Dircocor, unidad especializada de la Policía Nacional encargada de combatir la corrupción en el aparato estatal. Su intervención fue clave para asegurar el ingreso simultáneo a los inmuebles y evitar la destrucción de evidencia.
Desde el Ministerio Público se ha señalado que esta etapa del proceso es preliminar, pero crucial para consolidar la imputación por organización criminal, un delito que requiere probar la existencia de una estructura estable, reparto de funciones y permanencia en el tiempo.
Las autoridades no descartan que el número de investigados se amplíe en las próximas semanas, conforme se analice la información incautada y se tomen declaraciones a los detenidos y otros implicados.
Un nuevo golpe a la confianza ciudadana
El caso “Los socios del GORE Callao” se suma a una larga lista de investigaciones por presunta corrupción que afectan a gobiernos regionales y locales en el país, reavivando el debate sobre la debilidad de los sistemas de control interno y la facilidad con la que se pueden manipular procesos de contratación de menor cuantía.
Para el Ministerio Público, este operativo busca enviar un mensaje claro: las prácticas de colusión y direccionamiento de contratos, incluso cuando se trata de montos fraccionados, constituyen delitos graves y serán perseguidas penalmente.
En un contexto de creciente desconfianza hacia las autoridades, el avance de este proceso será clave para determinar responsabilidades y evaluar si el sistema de justicia logra sancionar de manera efectiva a quienes utilizan el aparato estatal para beneficio propio.