El Poder Judicial evaluará este lunes 15 de diciembre el pedido del Ministerio Público para levantar el secreto de las comunicaciones del celular incautado a Andrés Hurtado “Chibolín”, como parte de la investigación preparatoria por presunto tráfico de influencias agravado. La audiencia, que será virtual y en estricta reserva, definirá si la Fiscalía podrá acceder a llamadas, mensajes y datos de aplicaciones como WhatsApp y Facebook entre los años 2020 y 2024.
La solicitud fiscal forma parte de un expediente que ya se encuentra en etapa avanzada y que involucra a funcionarios judiciales, operadores privados y presuntas coordinaciones ilícitas para influir en decisiones del Estado. La pregunta central es: ¿qué información contiene el celular que podría comprometer aún más al conductor y a otros implicados?
Pedido fiscal apunta a revisar llamadas, mensajes y redes sociales
La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el requerimiento para acceder de forma integral al contenido del equipo móvil Samsung incautado a Hurtado el 19 de septiembre de 2024.
El Ministerio Público busca autorización para revisar llamadas, mensajes de texto, conversaciones en WhatsApp, Facebook, imágenes, videos y archivos almacenados. También solicita un reporte histórico por parte de las operadoras, que incluya identidad del titular, registro completo de comunicaciones y datos de geolocalización asociados a celdas activas.
Una de las interrogantes clave es: ¿aportará el celular información que vincule a Hurtado con presuntas coordinaciones para obtener favores o manipular procesos administrativos y judiciales? El periodo solicitado abarca desde enero de 2020 hasta septiembre de 2024, según el expediente 00058-2024-26-5001-JS-PE-01.
Audiencia virtual y con reserva total del caso
La audiencia se desarrollará este lunes a las 15:00 horas, de manera virtual a través de Google Meet, y bajo absoluta reserva debido a la naturaleza delicada de la información digital que se revisará. La resolución judicial establece la participación obligatoria de la Fiscalía, de Andrés Hurtado y de su defensa técnica.
El juzgado también dispuso que, en caso de ausencia del abogado del conductor, intervenga un defensor público para no dilatar la diligencia. De igual forma, se pidió a las partes actualizar sus datos de contacto para garantizar una notificación efectiva.
En este punto surge otra pregunta clave: ¿qué argumentos presentará la defensa para evitar el levantamiento del secreto de comunicaciones?
Hurtado cumple prisión preventiva por presunto tráfico de influencias
Andrés Hurtado permanece internado en el penal de Lurigancho, cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por el caso de presunto tráfico de influencias en el que, según la Fiscalía, habría solicitado dinero junto a la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei a cambio de gestionar la devolución de un cargamento de oro incautado.
A su situación se suma una segunda prisión preventiva, dictada por presuntas irregularidades en Migraciones vinculadas al futbolista Roberto Siucho. Esta medida impidió su excarcelación cuando venció el primer mandato judicial, complicando aún más su panorama legal.
Los fiscales sostienen que el acceso al celular es esencial para confirmar si existió una red de comunicaciones que habría facilitado pagos, gestiones o intermediaciones ilegales.
Investigaciones alcanzan a la fiscal Elizabeth Peralta y otros implicados
La fiscal Elizabeth Peralta también cumple prisión preventiva, mientras que el empresario Miu Lei y el futbolista Iván Siucho enfrentan medidas de comparecencia con restricciones. El caso incluye a más de una decena de actores entre empresarios, funcionarios públicos y allegados de Hurtado.
Según la investigación, Peralta habría coordinado directamente con el conductor para influir en procesos administrativos y judiciales. La Fiscalía sospecha de operaciones irregulares, uso de empresas fachada, transacciones sospechosas y un posible desbalance patrimonial.
Una pregunta pendiente que guía esta etapa de la investigación es: ¿qué nuevos nombres podrían aparecer si se accede a la información del celular?
Celular incautado podría aportar datos clave para frentes abiertos
La incautación del teléfono fue autorizada el 12 de diciembre de 2024, y está relacionada no solo con el presunto tráfico de influencias, sino con otros frentes que la Fiscalía mantiene abiertos contra el conductor. Se investiga además la posible existencia de lavado de activos, cohecho y participación en una estructura más amplia de intermediación ilegal.
Incluso, Hurtado habría mostrado intención de acogerse a la colaboración eficaz, mencionando a nuevos implicados, entre ellos una presunta magistrada de la Corte Superior de Lima. Ese testimonio preliminar podría alinearse —o contradecirse— con los hallazgos en su dispositivo móvil.
La expectativa en este caso se centra en la audiencia del lunes: ¿autorizará el Poder Judicial el levantamiento del secreto de comunicaciones que podría redefinir el curso del proceso?