El Ejecutivo volvió a desplegar una operación de gran escala en Lima Este, esta vez en San Juan de Lurigancho (SJL), como parte de la estrategia de control territorial en el marco del estado de emergencia. Durante la noche del martes, más de 200 policías —con apoyo del Ejército— ejecutaron intervenciones simultáneas que incluyeron verificación migratoria, control de identidad, revisión vehicular y fiscalización de establecimientos nocturnos. La acción fue encabezada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y el ministro de Educación, Jorge Figueroa.
El despliegue, realizado en zonas consideradas de alta concentración delictiva, refuerza la línea de trabajo del Gobierno para recuperar espacios públicos y reducir factores de riesgo asociados a delitos violentos. En ese marco, la pregunta central es evidente: ¿qué busca exactamente el Ejecutivo con estos operativos nocturnos y cuál será su impacto en la seguridad de Lima?
Control territorial en avenidas críticas de SJL
Las intervenciones se desarrollaron en tres corredores principales del distrito: avenida Chimú, avenida Los Jardines y avenida Las Flores, áreas catalogadas por la Policía como puntos críticos para delitos como robo agravado, microcomercialización de drogas, transbordo de armas y desplazamientos vinculados a actividades ilícitas.
Durante el operativo, los ministros coordinaron directamente con el alto mando policial para fortalecer los protocolos de intervención y asegurar que el despliegue se realice con el rigor que exige el estado de emergencia, pero también con respeto al marco legal y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La presencia conjunta de autoridades civiles y operativos especializados refuerza el mensaje político del Ejecutivo: los operativos no serán esporádicos, sino parte de una estrategia continua. La interrogante es clave: ¿alcanzará este modelo de intervención sostenida para reducir los índices delictivos en los distritos más poblados de Lima?
Verificación migratoria y fiscalización de locales nocturnos
Uno de los momentos centrales del operativo se registró durante la fiscalización de un establecimiento nocturno, liderada por el jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Montroy. En el lugar, aproximadamente 200 personas fueron sometidas a control de identidad, mientras la Policía de Extranjería realizó verificaciones migratorias para determinar la situación legal de los ciudadanos presentes.
El general Montroy explicó que la medida se ampara en el decreto de emergencia: “El estado de emergencia nos faculta a ingresar legalmente a estos establecimientos para verificar documentación y prevenir hechos ilícitos”, afirmó.
El control migratorio se ha convertido en uno de los ejes del plan del Ejecutivo, que en los últimos meses ha reforzado la supervisión de ciudadanos extranjeros con la finalidad de identificar situaciones irregulares, órdenes de expulsión vigentes o posibles vínculos con bandas criminales. La pregunta aparece con naturalidad: ¿qué resultados concretos se están obteniendo con estas verificaciones y cómo inciden en la seguridad de la zona?
A la par, se fiscalizaron vehículos y motocicletas debido a reportes policiales sobre su uso para el traslado de armas, mercancía ilícita y actividades delictivas en horas nocturnas.
Once operativos simultáneos en la capital
El operativo en SJL no fue un hecho aislado. De manera paralela, la Policía Nacional ejecutó 11 intervenciones simultáneas en distintos distritos de Lima Metropolitana, con apoyo de unidades tácticas y de las Fuerzas Armadas. Estas acciones multidistritales forman parte de una estrategia que busca impedir la migración del delito hacia zonas no intervenidas.
El despliegue se enmarca en el Decreto Supremo N.° 132-2025-PCM, que prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. Dicho decreto autoriza operativos integrales y continuos, en horario diurno y nocturno, con énfasis en puntos urbanos donde se registra alta incidencia delictiva.
Aquí surge una interrogante clave para la política pública: ¿están logrando estos operativos reducir la capacidad operativa de las bandas criminales o solo generan desplazamientos temporales del delito hacia otros distritos?
Especialistas consultados en intervenciones similares señalan que los operativos masivos generan un efecto inmediato de disuasión, pero requieren continuidad, inteligencia operativa y articulación institucional para sostener resultados en el tiempo.
Trabajo conjunto y estrategia enfocada en prevención y reacción
Las autoridades remarcaron que los patrullajes y controles nocturnos continuarán como parte de un trabajo simultáneo de prevención, reacción inmediata y control territorial. Este modelo implica presencia policial reforzada, uso de unidades especializadas y vigilancia articulada con los gobiernos locales.
El ministro del Interior destacó que la intervención busca no solo aumentar la presencia policial, sino optimizar la capacidad de respuesta frente a delitos recurrentes en zonas urbanas de alta densidad. A su vez, el ministro de Educación participó para supervisar la articulación comunitaria vinculada a espacios públicos, prevención juvenil y presencia estatal en zonas de riesgo.
Frente a ello, la pregunta final se impone: ¿podrá esta estrategia de control intensivo sostenerse a largo plazo y traducirse en una reducción sostenida de los índices delictivos en Lima Este?
El Gobierno ha anunciado que los operativos continuarán día y noche, en Lima y el Callao, bajo un enfoque de intervención permanente.