Un golpe judicial contra el tráfico de madera en el sur
La Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno logró una sentencia ejemplar que reafirma la política del Ministerio Público frente al avance del tráfico ilegal de productos forestales maderables, uno de los delitos que más afectan al patrimonio natural del país. El Poder Judicial dictó ocho años y seis meses de prisión efectiva contra Rubén Maynas y Guido Candia, implicados en el traslado de más de 200 piezas de madera de especies protegidas, extraídas sin autorización y movilizadas con documentación falsa.
El caso, ocurrido en 2020, se convierte en una señal de alerta para los corredores del delito ambiental que operan entre Madre de Dios, Puno y Arequipa, rutas utilizadas por mafias madereras para transportar productos forestales hacia mercados regionales y nacionales. La fiscal adjunta provincial Margareth Romaní Portugal, a cargo del juicio, acreditó la responsabilidad penal de ambos acusados mediante peritajes, actas de intervención y pruebas documentales.
Cómo operaban los sentenciados
De acuerdo con la investigación fiscal, los condenados adquirieron y transportaron ilegalmente madera aserrada de tres tipos de especies protegidas:
- Pashaco: 71 piezas
- Lupuna: 60 piezas
- Sapote: 95 piezas
Estas especies se encuentran reguladas por normativa forestal debido a su vulnerabilidad y su rol dentro del equilibrio ecológico. Para movilizar la carga desde Puerto Maldonado con destino a Arequipa, los implicados emplearon una guía de transporte forestal falsa, cuyo objetivo era simular la legalidad de la mercadería y burlar los controles de las autoridades.
El uso de documentación fraudulenta es un patrón frecuente en redes dedicadas al comercio ilegal de madera. La Fiscalía sostiene que estas prácticas permiten que toneladas de productos extraídos sin autorización ingresen cada año al mercado formal, afectando a comunidades nativas, ecosistemas amazónicos y al propio Estado, que pierde millones en recursos forestales.
Una condena con mensaje institucional
La sentencia no solo impone penas privativas de libertad, sino también el pago de S/ 20 000 de reparación civil a favor del Estado. Para el Ministerio Público, este fallo reafirma su política de tolerancia cero contra las actividades que depredan los bosques amazónicos, alimentan economías ilegales y generan conflictos socioambientales en varias regiones del país.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno destacó que esta decisión se logró tras una investigación sostenida y un juicio en el que se demostraron los delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables agravado y responsabilidad por información falsa. En su comunicado, la institución subrayó que la sentencia consolida el trabajo de protección ambiental y responde a la urgencia de frenar la pérdida de bosques en una de las zonas más presionadas por el crimen organizado.
El departamento de Puno se ha convertido, junto con Madre de Dios y Ucayali, en una ruta alternativa para el traslado de productos extraídos de manera ilegal. La demanda de madera aserrada en mercados del sur del país y la cercanía con corredores de minería ilegal y narcotráfico hacen de la zona un punto estratégico para actividades ilícitas asociadas.
El impacto de la tala ilegal en la Amazonía sur
El tráfico de madera es considerado uno de los delitos más lucrativos de la región amazónica. Según especialistas, cada año miles de metros cúbicos de especies valiosas son trasladados clandestinamente hacia ciudades de la sierra y la costa. La extracción sin autorización tiene efectos directos sobre los ecosistemas: pérdida de cobertura forestal, alteración de hábitats, incremento de la erosión del suelo y debilitamiento de territorios indígenas.
Las especies involucradas en este caso —pashaco, lupuna y sapote— cumplen funciones importantes en la biodiversidad amazónica. Su tala indiscriminada genera vacíos ecológicos que agravan la vulnerabilidad frente al cambio climático. La condena dictada en Puno busca enviar un mensaje a quienes operan estas cadenas ilegales y resalta la necesidad de reforzar los controles en las carreteras y puestos de fiscalización.
¿Qué sigue para la lucha contra delitos ambientales?
La Fiscalía Ambiental mantiene investigaciones abiertas sobre diversas redes que operan en la extracción, comercialización y transporte de productos forestales sin autorización. Uno de los desafíos es fortalecer el uso de tecnología satelital para identificar puntos de tala, además de mejorar la interoperabilidad con SERFOR, la Policía Nacional y las aduanas regionales.
La pregunta clave es cómo garantizar que estas condenas se traduzcan en una reducción real del tráfico de madera. Especialistas sostienen que se requiere aumentar las incautaciones, sancionar a compradores que ingresan mercadería ilegal al mercado formal y fortalecer alternativas económicas para comunidades que dependen del bosque.
El caso de Puno muestra que el sistema de justicia puede actuar con firmeza cuando existen pruebas sólidas y coordinación interinstitucional. Para la región, representa un precedente necesario en un contexto donde el crimen ambiental se entrelaza con economías ilegales más amplias.