Una región clave para la transición energética
La transición energética mundial ha convertido a América Latina en un territorio estratégico. El auge de tecnologías como baterías, autos eléctricos y sistemas solares ha disparado la demanda de litio y cobre, dos recursos que la región posee en abundancia. Solo en 2023, Chile y Perú aportaron más del 34% del cobre mundial, mientras que Chile, Argentina y Bolivia concentran más del 50% de las reservas globales de litio.
Sin embargo, este crecimiento acelerado no viene acompañado de normas capaces de controlar sus impactos. El reciente informe Minerales de transición en América Latina: estándares, salvaguardas, regulaciones y desafíos, elaborado por la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE), alertó que el avance minero está superando la capacidad de los estados para regularlo.
La pregunta clave es: ¿pueden los países responder a esta demanda sin repetir los errores del extractivismo tradicional?
Regulaciones que no alcanzan a la nueva demanda
Los estudios de la RLIE, elaborados junto a organizaciones como DAR (Perú), Terram (Chile), CEDLA (Bolivia) y Foro Nacional por Colombia, coinciden en un diagnóstico preocupante: la región no cuenta con marcos socioambientales capaces de controlar la magnitud y velocidad de la expansión minera.
El informe proyecta que la demanda de minerales como cobre, litio, níquel y grafito podría aumentar hasta 300% hacia 2050, impulsada por los compromisos climáticos internacionales. Pero, mientras los números crecen, los estándares no.
Perú es un caso emblemático. A pesar de ser el segundo productor de cobre del mundo, aún no posee una política nacional del cobre, una herramienta clave para definir su rol en la transición energética y ordenar sus impactos sociales y ambientales.
Según Denisse Linares, líder del Programa de Sostenibilidad de DAR, la situación se agrava por la tendencia a flexibilizar las normas ya existentes. “Cada mineral requiere regulaciones específicas para que sus procesos sean fiscalizados. Con las flexibilizaciones, los ecosistemas quedan desprotegidos”, advirtió.
Flexibilización normativa y riesgos ambientales
El estudio advierte que, en los últimos años, Chile, Perú y Bolivia han aprobado normas que reducen requisitos ambientales, acortan plazos de evaluación y disminuyen el rigor técnico de los estudios de impacto. La presión por atraer inversiones y responder rápidamente al mercado internacional está generando un “efecto dominó” regulatorio, donde cada país teme quedarse atrás.
Esto abre la puerta a un fenómeno que la RLIE denomina “extractivismo verde”: explotar minerales de transición con la misma lógica de sobreexplotación histórica, pero bajo el argumento de contribuir a la lucha contra el cambio climático.
La pregunta planteada en el informe es directa:
¿Puede la región avanzar hacia la energía limpia si los estándares ambientales retroceden?
Competencia desregulada y ausencia de una gobernanza común
Otro de los hallazgos centrales es la falta de una postura común en América Latina. Mientras algunos países fortalecen su institucionalidad, otros debilitan regulaciones para agilizar inversiones. Esa disparidad genera competencia asimétrica, presiona a la baja los estándares y debilita la posición regional frente a potencias como Estados Unidos y China, principales demandantes de estos minerales.
Para Gonzalo Roza, coordinador de Gobernabilidad Global de Fundeps (Argentina), la solución pasa por construir estrategias compartidas:
“No podemos participar solo como proveedores de materia prima. Debemos ingresar a las cadenas de valor global y desarrollar nuestras propias industrias”.
Esto implica, por ejemplo, que países con grandes reservas de litio puedan armonizar criterios para negociar de manera conjunta, impulsar valor agregado en origen y evitar que cada país negocie por separado bajo condiciones desiguales.
¿Oportunidad histórica u otro ciclo de extracción?
El potencial económico es enorme: nuevos mercados, empleos, tecnología y la posibilidad de convertirse en actores clave de la descarbonización global. Pero los expertos coinciden en que la transición energética no será sostenible si reproduce las desigualdades y conflictos ambientales del pasado.
De allí surgen nuevas interrogantes:
¿Cómo garantizar que la minería del litio y el cobre respete derechos y ecosistemas?
¿Qué tipo de gobernanza regional se necesita para evitar el extractivismo verde?
El informe concluye que la región tiene una oportunidad única para encaminar un desarrollo sostenible, pero solo si logra construir normas sólidas, institucionalidad robusta y sinergias regionales que permitan una explotación responsable de los minerales estratégicos.
El desafío está lanzado: la demanda avanza rápido, pero la regulación no puede quedarse atrás.