Un golpe sin precedentes a una economía criminal
El Gobierno ejecutó uno de los mayores operativos de los últimos años contra la minería ilegal, con 960 intervenciones realizadas a nivel nacional que permitieron la incautación y destrucción de bienes valorizados en más de S/ 3700 millones. Según el alto comisionado para el combate de este delito, Rodolfo García Esquerre, el avance responde a una estrategia que deja atrás las acciones aisladas y apuesta por una presencia sostenida del Estado en las zonas afectadas.
García Esquerre explicó que este trabajo se ejecutó de manera articulada entre la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, instituciones que han intensificado la lucha contra una actividad ilícita que hoy alimenta otras economías delictivas como el narcotráfico, la trata de personas y las redes de extorsión.
“Las interdicciones no son suficientes. Intervenimos, nos quedamos y consolidamos posiciones para que los ilegales no regresen”, remarcó el alto comisionado, al señalar que la estrategia comprende intervenciones inmediatas, control permanente y sostenimiento territorial con puestos de vigilancia, como ocurre en Pataz.
Presencia del Estado: el nuevo enfoque
Control sostenido
Tras cada operativo, el Ejecutivo despliega una segunda fase centrada en impedir que los mineros ilegales retornen a los campamentos destruidos. Esta etapa incluye refuerzos policiales y patrullaje constante en zonas críticas. La tercera fase implica la instalación de puestos de control que aseguran la presencia estatal a largo plazo, una medida que —según García Esquerre— ha mostrado buenos resultados en regiones donde la minería ilegal opera vinculada a redes criminales violentas.
Estrategia ambiental
El comisionado detalló que la comisión multisectorial encargada del proceso de formalización y erradicación de la minería ilegal trabaja actualmente en un enfoque dividido en tres ejes: formalización, erradicación y recuperación del medio ambiente. Este último punto incluye la creación de una nueva hoja de ruta que el Ministerio del Ambiente deberá ejecutar bajo dos condiciones: recuperación ambiental y desarrollo sostenible.
Esta estrategia contempla intervenciones en conectividad terrestre, digital y aérea, infraestructura energética, servicios de salud, vivienda, saneamiento y programas que impulsen economías alternativas, especialmente en zonas donde la minería ilegal ha capturado la actividad productiva.
Debate por el Reinfo reaviva tensiones políticas
Registro en cuestión
Uno de los puntos más sensibles de la discusión nacional es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). García Esquerre reiteró que su funcionamiento histórico ha sido “deficiente”, pues solo un poco más del 2 % de los inscritos ha concluido el proceso de formalización. Por ello, afirmó que la eventual reincorporación de más de 50 mil registros excluidos significaría un retroceso grave.
“Muchos de esos registros están fuera del marco legal. Reincorporarlos o impedir nuevas exclusiones debilita directamente la lucha contra la minería ilegal”, advirtió. Recordó que este sistema fue diseñado para formalizar a pequeños productores, pero terminó siendo utilizado como un blindaje temporal por operadores ilegales que continúan depredando áreas protegidas y ríos amazónicos.
Impacto en la seguridad ciudadana
El alto comisionado recordó también que la minería ilegal no es un delito aislado, sino una actividad articulada con otros mercados ilícitos. “Este fenómeno alimenta la inseguridad ciudadana, al estar ligado al tráfico de drogas y la trata de personas”, sostuvo. En regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad y Amazonas, los indicadores de violencia han aumentado en proporción al crecimiento de la actividad minera ilegal.
Incremento presupuestal para reforzar operativos
Para consolidar la ofensiva, el Ejecutivo incrementó el presupuesto destinado a combatir esta actividad criminal. García Esquerre afirmó que estos recursos permitirán potenciar la capacidad operativa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en zonas de alto riesgo, especialmente donde existen mafias armadas que controlan campamentos ilegales.
No obstante, precisó que aún falta un aumento significativo para fortalecer a la Fiscalía en materia ambiental, entidad clave en la judicialización de los casos. “Se está trabajando en eso, pero ya hay una mejora en las condiciones actuales”, puntualizó.
Un desafío que exige continuidad
La ofensiva del Ejecutivo marca un avance importante en la lucha contra una de las economías ilícitas más lucrativas del país. Sin embargo, especialistas advierten que la efectividad de estos operativos dependerá de la capacidad del Estado para sostener el control territorial, acelerar los procesos de formalización realmente viables y generar alternativas económicas que reduzcan la dependencia de comunidades enteras respecto a la minería ilegal.
En ese marco, el debate sobre el futuro del Reinfo y la capacidad presupuestal del sistema de justicia ambiental será decisivo para determinar si este impulso se transforma en una política sostenida o queda como una serie de acciones aisladas.