Congreso impulsa conservación del cóndor y atiende daños por minería en Áncash

La Comisión de Pueblos Andinos aprobó la creación de un área de conservación para el cóndor andino, respaldó la recuperación del río Llallimayo y recibió denuncias por afectación minera en Huari.

por Edgar Mandujano

Protección del cóndor andino
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, presidida por la congresista Silvana Robles Araujo, aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley N.° 12629/2025-CR, que declara de interés nacional la creación del Área de Conservación Regional Los Cóndores del Cañón de Moyobamba, en Ayacucho. La iniciativa, promovida por Germán Tacuri Valdivia, busca preservar el hábitat del cóndor andino, especie vulnerable de gran importancia ecológica y turística, con coordinación entre el Sernanp, el Gobierno Regional de Ayacucho y las comunidades indígenas.

Río Llallimayo: prioridad ambiental
La comisión también respaldó por unanimidad el Proyecto de Ley N.° 5486/2022-CR, que declara de interés nacional la remediación y protección de la cuenca del río Llallimayo, en Puno. La medida exige acciones coordinadas entre el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y municipales para proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los ecosistemas afectados por la contaminación de actividades humanas.

Archivo de iniciativa controvertida
Por otro lado, se archivó el Proyecto de Ley N.° 12215/2025-CR, que buscaba modificar la Ley 28736 sobre la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Informes de IDL y CORPIAA señalaron que la propuesta podía vulnerar la Constitución y poner en riesgo la vida y subsistencia de estos pueblos, al permitir revisiones periódicas de reservas indígenas y priorizar intereses económicos sobre derechos fundamentales.

Denuncias por impacto minero en Áncash
La comisión recibió denuncias de pobladores de Huari, Áncash, quienes acusaron a una empresa minera de secar el manantial Yarko, afectando a más de 1,000 familias. Dirigentes de los Comités de Usuarios de Agua de Atupa y Antahurán explicaron que la situación data de 2005 y ha obligado a muchas familias a migrar a zonas urbanas. El Minem informó que se activó un espacio de diálogo con las mineras para alcanzar acuerdos en 45 días, mientras que los vecinos reclaman que la empresa asuma responsabilidad por los daños.

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