Por: EDUARDO BRUCE MONTES DE OCA
El Perú está sumido en una crisis institucional del Estado de una magnitud que nunca antes se ha visto en nuestra República. La desconfianza y la falta de respeto hacia los organismos estatales –desde la Presidencia de la República hasta las alcaldías distritales– se han convertido en la norma, con muy pocas excepciones. Los motivos son harto conocidos.
Pero no todo está perdido. Hemos logrado crear las llamadas “islas de excelencia”. El término describe a aquellas entidades del Estado que, a pesar del caos general del aparato público, han alcanzado un funcionamiento exitoso y eficiente. Contra lo que muchos podrían creer, son varias.
Entre estas islas de excelencia destaca el Banco Central de Reserva (BCRP), responsable de la estabilidad monetaria, el control de la inflación y la regulación macroeconómica. Su desempeño sobresale gracias a su autonomía constitucional, la calidad de sus cuadros profesionales, la continuidad directiva y una cultura analítica rigurosa. El BCRP demuestra que el blindaje institucional es de importancia extrema.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es otra pieza clave. Su diplomacia profesional, su capacidad de negociación internacional y la solidez de sus servicios consulares se sustentan en una carrera diplomática altamente exigente, formación continua y un prestigio institucional acumulado durante décadas. Es evidencia de que el profesionalismo florece cuando el Estado protege las carreras especializadas.
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) es un ejemplo excepcional en el sistema de salud peruano en crisis. Ofrece oncología de alta complejidad, investigación clínica y formación profesional con especialistas de referencia regional, protocolos avanzados y un prestigio social ganado por resultados concretos. El INEN demuestra que la técnica puede imponerse a la política. La SUNAT cumple un rol vital en la recaudación tributaria, la fiscalización y las aduanas. Su funcionamiento eficiente se explica por el uso de herramientas tecnológicas modernas, la existencia de una carrera técnica especializada y una cultura de profesionalismo sostenida en el tiempo. La recaudación depende más de la capacidad técnica que del volumen de operativos.
CARACTERÍSTICAS COMUNES
Estas islas de excelencia comparten características comunes que explican su desempeño superior. En primer lugar, poseen autonomía, ya sea por mandato constitucional, por marcos legales especiales o por tradición, estas instituciones operan protegidas del clientelismo y del ciclo electoral. La política puede influirlas, pero no puede capturarlas con facilidad.
En segundo lugar, cuentan con carreras técnicas meritocráticas. El ingreso y la permanencia no dependen del padrinazgo ni de las conexiones personales, sino de concursos transparentes, credenciales verificables y especializaciones que no pueden improvisarse. En estos espacios, el mérito pesa más que la militancia, y eso marca una diferencia estructural.
Otro rasgo esencial es la presencia de una cultura profesional consolidada. En estas instituciones, los trabajadores entienden que representan algo más grande que el gobierno de turno. Existe identidad institucional, sentido de pertenencia y compromiso con la misión. Esa convicción interna es un poderoso escudo frente a la inestabilidad política.
Estas entidades también acumulan capital técnico difícil de reemplazar. No se puede improvisar a un economista monetario, a un diplomático de carrera o a un radio oncólogo del INEN. Esa escasez de talento especializado actúa como blindaje natural frente a la captura política.
Otro factor que las distingue es su reconocimiento nacional e internacional. Su prestigio externo genera un costo político muy alto para cualquier intento de intervenirlas o degradarlas.
Finalmente, gozan de confianza ciudadana basada en resultados reales, un activo escaso en un país donde casi nadie confía en el Estado.
LA MERITOCRACIA Y LA LEY SERVIR
Vale resaltar y analizar lo que es quizás la característica más relevante para cualquier entidad pública que aspire a convertirse en una isla de excelencia: la meritocracia. En los sucesivos gobiernos del siglo XXI, la estabilidad de los empleados públicos –en especial en los niveles de jefatura–prácticamente ha desaparecido. Hoy es tristemente común que un funcionario sea removido sin expresión de causa y reemplazado por alguien con conexiones, pero sin las capacidades necesarias para el cargo.
El daño de esta práctica generalizada es mucho mayor que la injusticia cometida contra el funcionario removido. Va mucho más allá. Esa inestabilidad crea un clima en el que importan poco los objetivos institucionales y, en cambio, importa demasiado defender el puesto de trabajo complaciendo al jefe de turno, incluso si ello implica abandonar las metas institucionales y destruir cualquier atisbo de cultura organizacional. Si los funcionarios no saben cuándo entran ni cuándo salen del puesto, es imposible que concentren sus esfuerzos en otra cosa que no sea su propia supervivencia.
Quizá la legislación más ambiciosa –y, sin duda, la más disruptiva– del gobierno de Ollanta Humala fue la Ley Servir. De haber sido correctamente implementada, hoy no estaríamos atrapados en el nivel de desgobierno que asfixia al país. La Ley N.º 30057, promulgada el 4 de julio de 2013, establecía un régimen único y meritocrático del servicio civil para todas las entidades del Estado peruano. Definía principios fundamentales como igualdad de oportunidades, mérito, legalidad, transparencia y protección frente al despido arbitrario. Además, disponía que la remoción de un funcionario debía ser evaluada por un tribunal especial, y que la contratación de su reemplazante debía realizarse mediante un proceso público y transparente. La norma se aplicaba –en teoría– a todos los poderes del Estado y a los organismos autónomos.
En otras palabras, la Ley Servir pudo haber sido el punto de partida para construir un Estado moderno, sólido y coherente, donde las capacidades profesionales primaran sobre el compadrazgo. Pero quedó en letra muerta. Los sindicatos, más preocupados en blindar a sus afiliados que en elevar estándares de calidad del servicio público, ralentizaron la transición. El poder político, siempre ansioso por repartir puestos de trabajo entre correligionarios, paralizó de hecho la implementación. Y el Congreso, en un gesto que revela su verdadera vocación, legisló para excluir a determinadas instituciones del alcance de la ley, incluyendo –por supuesto– al propio Congreso.
El resultado es el que hoy vemos: un Estado vulnerable, capturado por intereses particulares y sin la columna vertebral profesional que la Ley Servir buscaba instaurar.
LIDERAZGO PARA EL CAMBIO
El próximo gobierno debe asumir, con claridad y convicción, la tarea más importante de nuestra época: reconstruir la idea de que el servicio público es un honor y no un botín. Los puestos del Estado deben ser ocupados por quienes los merecen, por profesionales capaces, íntegros y comprometidos con el país. No será sencillo, pero es indispensable. Las naciones avanzan cuando deciden dejar atrás las excusas y apostar por sus mejores cuadros. Es momento de que el Perú haga lo mismo. Nos lo debemos como sociedad.