Este jueves 27 se conocerá la sentencia de Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado

Exmandatario enfrenta hasta 34 años de prisión; también se resolverá la situación de exministros involucrados.

por Edgar Mandujano
pedro castillo

Audiencia clave en la Corte Suprema

El Poder Judicial leerá este jueves, 27 de noviembre, la sentencia contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo José Neyra Flores e integrada por los magistrados Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez, iniciará la lectura del fallo a las 9:00 a.m. de manera virtual, dado que Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

Pena solicitada por la Fiscalía

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión para Castillo, distribuidos de la siguiente manera: rebelión (25 años), abuso de autoridad (3 años) y grave perturbación de la tranquilidad pública (6 años).
Alternativamente, solicitó modificar el tipo penal a conspiración para rebelión, lo que reduciría la pena a 19 años y 30 días, sumando los delitos de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. La discusión central será si los actos de discurso del expresidente constituyen o no el elemento típico de alzamiento en armas necesario para el delito de rebelión.

Situación de exministros y otros funcionarios

Durante la audiencia también se definirá la responsabilidad de los exministros Betssy Chávez y Aníbal Torres, para quienes la Fiscalía solicita 25 y 15 años de prisión, respectivamente.
Además, se evaluará la situación de los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), así como del general PNP Manuel Lozada, involucrados en la tesis fiscal sobre el intento de golpe.

Complejidad del caso

La lectura de sentencia se espera extensa debido a la complejidad jurídica y política del caso, que involucra delitos de alto perfil como rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. El resultado definirá no solo la situación legal del exmandatario y sus exministros, sino también un precedente sobre la interpretación del delito de rebelión por actos de habla en la historia judicial peruana.

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