El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, descartó que la condena de 14 años impuesta al expresidente Martín Vizcarra responda a una supuesta venganza impulsada por empresarios del sector construcción. En entrevista con Canal N, el magistrado sostuvo que la investigación tiene un origen técnico y documentado, alejado de cualquier motivación política. Según explicó, la delación inicial provino del exejecutivo de Odebrecht Renato Ribeiro Bortoletti, quien reveló la existencia del denominado Club de la Construcción, y no de acciones del propio Vizcarra, como él ha sugerido en su defensa pública.
Investigación se originó en una delación brasileña
Juárez recordó que la investigación contra Vizcarra nació en 2020 dentro del marco del Caso Lava Jato. ¿Quién inició realmente la acusación? De acuerdo con el fiscal, fue la delación de Ribeiro Bortoletti la que permitió descubrir las dinámicas de pago de sobornos para adjudicar obras públicas entre empresas constructoras y funcionarios estatales. Esta colaboración permitió mapear redes de contratación que posteriormente involucraron a empresas como Obrainsa, ICCGSA, INCOT y otros actores del sector.
El fiscal enfatizó que la defensa del expresidente intenta instalar la idea de una represalia empresarial, pero los hechos, señaló, indican que la investigación se amplió a partir de testimonios que no estaban relacionados con denuncias presentadas por Vizcarra mientras fue gobernador de Moquegua.
Pruebas directas: llamadas, correos y facturas
Juárez subrayó que la imputación en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua se basa en pruebas directas, un estándar poco común en los delitos de corrupción, donde usualmente predominan las pruebas indiciarias.
Según detalló, la Fiscalía corroboró los dichos de los colaboradores eficaces con múltiples elementos: registros de llamadas, correos electrónicos, documentación contractual, y una prueba clave: el alquiler de una avioneta pagada por Obrainsa, cuyo trámite fue solicitado por una secretaria del empresario Elard Tejeda a pedido de Vizcarra.
El levantamiento del secreto de las comunicaciones reveló coincidencias entre las conversaciones del entonces gobernador con los empresarios implicados en momentos críticos de los procesos de licitación.
“Aquí hay pruebas directas, no inferencias”, reiteró el fiscal, remarcando que el caso superó holgadamente los estándares exigidos para configurar cohecho pasivo propio.
Delaciones involucran más que solo a Vizcarra
El fiscal también explicó que los colaboradores eficaces —entre ellos exejecutivos de Obrainsa, ICCGSA y el exministro José Hernández Calderón— no solo implicaron a Vizcarra, sino que aportaron información sobre actos de corrupción en Ayacucho y en diversas licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Estas revelaciones, añadió Juárez, se dieron antes de mencionar al expresidente, por lo que no existió motivación política ni deseo de represalia. Por el contrario, los delatores buscaban obtener beneficios jurídicos y reducir sus condenas. “Si ocultaban información, su colaboración se caía”, subrayó.
¿Tiene opciones la apelación anunciada por la defensa?
Para Juárez, las posibilidades de revertir la sentencia son mínimas. El fiscal sostuvo que la abundancia de documentos, la coincidencia entre testimonios y la ratificación de la entrega de dinero durante el juicio generan un caso sólido que difícilmente será desestimado por una instancia superior.
La defensa de Vizcarra ha anticipado que apelará el fallo. Sin embargo, Juárez aclaró que los colaboradores fueron interrogados en juicio y que sus declaraciones fueron respaldadas con correos, llamadas, facturas y documentación obtenida por orden judicial.
“Los cargos están sostenidos en pruebas verificables. No hay espacio para revertir la sentencia”, afirmó.
Detalles de la sentencia por Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
El 26 de noviembre, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Vizcarra a 14 años de prisión como autor de cohecho pasivo propio. Según la resolución:
- En Lomas de Ilo, Vizcarra exigió el 2 % del valor del contrato al consorcio liderado por Obrainsa.
- En el Hospital de Moquegua, la Fiscalía acreditó un pago de S/ 1.3 millones para favorecer al consorcio ICCGSA–INCOT.
La acusación formal, presentada en diciembre de 2022, comprendió más de 800 folios. La Fiscalía había solicitado 15 años de prisión, pero el tribunal estableció una pena de 14 tras evaluar los hechos y la responsabilidad del acusado.
Papel del periodismo en la investigación
Juárez también destacó el rol de investigaciones periodísticas en el avance del caso. Mencionó expresamente a la periodista Graciela Villasís, quien, desde la Unidad de Investigación de El Comercio, comenzó a indagar sobre el alquiler de la avioneta pagada por Obrainsa. Ese dato coincidía con las pesquisas del Equipo Especial, lo que aceleró la revelación de documentos por parte de los implicados.
Esta presión mediática, sumada a la verificación fiscal, llevó a que los colaboradores aportaran información más amplia y detallada sobre el sistema de sobornos.
Investigación anclada en Lava Jato
El caso se inscribe dentro de la megainvestigación del Club de la Construcción, que reveló cómo empresas coordinaban entre sí para repartirse obras públicas a cambio de pagos a funcionarios. Esta línea permitió a la Fiscalía identificar patrones de colusión, cohecho y asociación ilícita que involucraron a Vizcarra y a ejecutivos del sector.
El fiscal cerró la entrevista reiterando que el proceso se desarrolló con independencia, sin influencias políticas, empresariales ni mediáticas.