El vocero del expresidente Martín Vizcarra, Alejandro Salas, cuestionó de manera frontal la reciente condena de 14 años de prisión dictada contra el exmandatario por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En declaraciones a Canal N, calificó el fallo como una “aberración jurídica” y adelantó que la defensa iniciará un proceso de apelación que, según sus palabras, podría revertir por completo la sentencia. Sus afirmaciones se dieron horas después de que Vizcarra fuera trasladado al penal Barbadillo para cumplir la pena impuesta por el Poder Judicial.
Críticas al proceso judicial y anuncio de apelación
Durante su participación en el programa Cuentas Claras, Salas sostuvo que la sentencia contiene “vicios” y errores en la interpretación normativa. ¿En qué basa su crítica? Según explicó, el fallo se habría sustentado en declaraciones que no contaban con prueba directa, además de una supuesta aplicación incorrecta del artículo 57 del Código Penal, referido a reglas de conducta y beneficios.
Uno de los puntos más enfatizados por el vocero fue la existencia de un voto singular dentro del colegiado. A su juicio, esa discrepancia revela ausencia de unanimidad y debilita el consenso jurídico que respalda la decisión. “Fue un fallo por mayoría, no hubo coincidencia plena”, insistió.
Salas confirmó que el equipo legal está preparando la apelación, la cual incluirá cuestionamientos a la valoración probatoria y al uso de testimonios de colaboradores eficaces. Aseguró que el tribunal no habría cumplido con contrastar adecuadamente la información entregada durante el proceso.
Indulto presidencial: la frase que marcó la entrevista
Consultado sobre el papel de Mario Vizcarra, hermano del exmandatario y figura pública dentro de Perú Primero, Salas lanzó una afirmación que generó inmediata repercusión política:
“Si él es presidente, que no tengan la menor duda: Martín Vizcarra va a ser indultado con Mario Vizcarra.”
La frase abrió el debate sobre el uso del indulto presidencial, una prerrogativa constitucional que —como recordó Salas— no requiere justificación de causa. Según indicó, el exmandatario ha encargado a su hermano continuar con el proyecto político, recorrer el país y reforzar la presencia de Perú Primero en regiones.
Para el vocero, la sentencia no debilita al partido sino que lo “fortalece”, pues considera que se trata de un proceso influenciado por factores políticos. “El país está viendo lo que está ocurriendo con esta persecución”, afirmó.
Acusaciones contra el Ministerio Público y el fiscal Juárez
Alejandro Salas apuntó directamente al fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, quien fue responsable de la acusación contra Vizcarra. Aunque reconoció que su rol es acusar, cuestionó la independencia y el contexto en el que se desarrolló el proceso.
¿Cuál es el argumento de Salas? Sostiene que la condena se produjo en un momento en el que Vizcarra “estaba recorriendo el país” y generando incomodidad en la clase política, insinuando que la sentencia habría buscado alejarlo del escenario electoral.
También afirmó que algunos integrantes del Club de la Construcción, sindicados como beneficiarios de actos de corrupción, se encuentran en libertad, lo que —a su juicio— demuestra un trato desigual. Señaló que varios colaboradores eficaces habrían mencionado al expresidente para obtener beneficios legales, más que por una motivación genuina de esclarecimiento.
¿Qué busca la apelación y qué podría pasar después?
La defensa del exjefe de Estado prepara una apelación que, según Salas, podría incluso llevar a la nulidad de la sentencia. Aunque no detalló todos los argumentos, adelantó que las observaciones abarcarán tanto aspectos procesales como probatorios.
El vocero también confirmó que Martín Vizcarra mantiene activa una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque esta acción corresponde a las inhabilitaciones dictadas por el Congreso en años anteriores, y no a la sentencia penal por corrupción. Aun así, la defensa no descarta recurrir a instancias internacionales en caso de que las apelaciones no sean favorables.
Contexto del caso y relevancia política
El expresidente fue hallado culpable de haber solicitado S/ 2.3 millones en sobornos, correspondientes al 2 % del valor del contrato para el proyecto Lomas de Ilo y a un pago adicional de S/ 1.3 millones por la adjudicación del Hospital de Moquegua, cuando era gobernador regional entre 2011 y 2014.
La sentencia del 26 de noviembre se sumó al debate político nacional, que ahora enfrenta un nuevo capítulo: el eventual uso del indulto como herramienta de recomposición política y familiar dentro del entorno vizcarrista. Las declaraciones de Salas abren interrogantes sobre el impacto de esta estrategia en medio de un clima de polarización.
¿Fortalecimiento político o riesgo de mayor tensión?
La frase sobre el indulto podría convertirse en un eje de discusión en campañas futuras. ¿Puede un eventual gobierno de Mario Vizcarra —si llegara al poder— conceder un indulto sin fundamento explícito? La Constitución lo permite, pero especialistas advierten que una decisión de ese tipo podría desatar un conflicto político y social de gran magnitud, especialmente por tratarse de una condena por corrupción.
Mientras tanto, Martín Vizcarra permanece recluido en el penal Barbadillo, donde ya cumple su condena efectiva. El proceso de apelación tomará meses, y en ese lapso el expresidente seguirá enfrentando el desgaste jurídico y político de un caso que lo acompañó durante los últimos cinco años.