El debate constitucional sobre la responsabilidad penal adolescente
El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Judicial contra la Ley 32330, norma que permite imputar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves. La audiencia, realizada este lunes, se convirtió en un punto clave del debate nacional sobre el alcance de la justicia penal juvenil y los límites de la política criminal en el país.
La pregunta central que deberá resolver el TC es clara: ¿vulnera esta ley los principios de protección reforzada para adolescentes o constituye una herramienta legítima para combatir delitos graves? La respuesta tendrá implicancias directas en el sistema de justicia juvenil y en el tratamiento de menores que incurran en delitos de alta gravedad, como homicidio, violación sexual, sicariato o delitos contra el patrimonio.
Argumentos del Poder Judicial: la ley rompe el principio de protección especial
Durante la audiencia, el abogado Omar Cairo, representante del Poder Judicial, sostuvo que la Constitución exige al Estado brindar una protección especial a los adolescentes, reconociendo su condición de personas en desarrollo. Bajo ese marco, cuestionó que la norma equipare el tratamiento penal de los menores al de los adultos, al permitir que sean imputados penalmente y enviados a penales ordinarios para cumplir condena.
Para el Poder Judicial y las entidades que respaldaron la demanda, la norma desconoce estándares internacionales sobre justicia juvenil y el principio del interés superior del niño, eje del Sistema Nacional de Protección de la Infancia. La pregunta que plantean es directa: ¿puede un adolescente ser juzgado con los mismos criterios que un adulto sin vulnerar sus derechos fundamentales?
A esta postura se sumaron la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Ayacucho, instituciones que advirtieron que la Ley 32330 podría generar impactos irreversibles en la reinserción social de los adolescentes y en su acceso a un tratamiento diferenciado dentro del sistema penal.
El Congreso responde: “La ley está funcionando”
En representación del Parlamento, el congresista Alejandro Muñante, autor de la norma, defendió con firmeza la constitucionalidad de la Ley 32330. Según señaló, desde su promulgación la norma ha permitido resultados concretos en la lucha contra la criminalidad juvenil.
“Más de 50 adolescentes están recluidos en penales por cometer delitos graves y están separados de los adultos”, afirmó Muñante, al señalar que este resultado evidencia la eficacia de la ley. Para el legislador, permitir que delitos como homicidios o violaciones cometidos por adolescentes queden impunes constituye un vacío legal que la norma busca corregir.
Muñante insistió en que la norma no equipara plenamente al adolescente con un adulto, pues mantiene diferencias procesales y de seguimiento penitenciario. Sin embargo, la crítica de los opositores a la norma se centra en que la imposición de penas privativas de libertad en penales ordinarios contraviene las recomendaciones internacionales en materia de justicia juvenil.
El debate, nuevamente, coloca en el centro una pregunta clave: ¿es la criminalidad juvenil un problema que requiere endurecimiento de penas o una política de prevención y rehabilitación más fuerte?
TC deja el caso al voto: un fallo clave para el sistema de justicia juvenil
Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el Tribunal Constitucional informó que el caso quedó al voto, y que el fallo será emitido una vez concluido el análisis jurídico y constitucional. No se estableció una fecha específica para la publicación de la resolución.
La decisión del TC será determinante para definir el futuro de la Ley 32330 y, en general, para establecer los límites de la justicia penal juvenil en el país. Un eventual fallo de inconstitucionalidad podría dejar sin efecto la norma, mientras que un fallo favorable consolidaría su aplicación y abriría la puerta a reformas adicionales en materia penal.
Un debate que enfrenta visiones de seguridad y protección
La discusión sobre la responsabilidad penal de adolescentes ha polarizado a especialistas, juristas y autoridades. Por un lado, quienes apoyan la ley sostienen que la criminalidad juvenil se ha incrementado y que ciertos delitos graves requieren una respuesta proporcional y disuasiva. Por otro, quienes la cuestionan consideran que endurecer penas no reduce necesariamente la violencia, y que la privación de libertad en penales regulares aumenta el riesgo de reincidencia y vulneración de derechos.
En un contexto donde el país enfrenta problemas crecientes de sicariato, explotación sexual, delincuencia organizada y violencia urbana, el debate sobre el tratamiento penal adolescente se vuelve especialmente relevante. La decisión del TC marcará un precedente en la política criminal y social del Perú.
Mientras tanto, organizaciones vinculadas a la infancia, instituciones del sistema de justicia y sectores del Legislativo permanecen a la expectativa de un fallo que podría redefinir los estándares de protección y responsabilidad penal para adolescentes en el país.