El debate sobre el futuro del sistema de justicia juvenil en el Perú llegará este 25 de noviembre al Tribunal Constitucional (TC). Ese día, los magistrados evaluarán la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Judicial contra la Ley 32330, norma que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos en delitos graves como homicidio, extorsión o violación sexual.
Una demanda con apoyo unánime del Poder Judicial
La jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal confirmó que la acción interpuesta por el Poder Judicial cuenta con respaldo unánime de la Sala Plena y fue acumulada con las demandas de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y el Colegio de Abogados de Ayacucho, lo que refleja un amplio consenso institucional en contra de la norma aprobada este año por el Congreso.
Álvarez insistió en que la expectativa es lograr un fallo que restablezca la plena vigencia del sistema de justicia juvenil, diseñado para brindar un tratamiento diferenciado a los menores en conflicto con la ley.
¿Qué busca el Poder Judicial? Que el TC declare inconstitucional la ley por vulnerar estándares nacionales e internacionales de protección a la infancia.
El argumento central: protección especial a la niñez
Para la magistrada Álvarez, la Ley 32330 desconoce principios esenciales como el interés superior del niño, la progresividad de derechos y la obligación del Estado de brindar protección especial a los menores de edad, tal como establecen tratados internacionales ratificados por el Perú.
La jueza explica que la norma sustrae indebidamente a los adolescentes del sistema penal juvenil y los traslada al proceso penal ordinario, diseñado para adultos y con una lógica punitiva que no considera su desarrollo psicológico, emocional ni social.
¿Es compatible la Ley 32330 con estándares internacionales?
Esa es una pregunta clave que la magistrada plantea. La respuesta, para el Poder Judicial y otros organismos involucrados, es no. La Convención sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales priorizan medidas socioeducativas y un sistema especializado, no la equiparación con el régimen penal adulto.
Populismo punitivo y riesgos para el sistema juvenil
Álvarez calificó la norma como parte del “populismo punitivo”, una tendencia que busca respuestas penales rápidas y severas ante el aumento de la delincuencia, pero que —según alertan especialistas— no mejora la seguridad ciudadana y vulnera derechos fundamentales.
¿Qué efectos tiene juzgar a adolescentes como adultos?
Los expertos advierten que colocar a menores en procesos o penales diseñados para adultos incrementa su riesgo de violencia, abuso y reincidencia, además de limitar su futuro educativo y laboral.
Datos del INPE revelan que al menos 71 adolescentes de 16 y 17 años ya están recluidos junto a adultos, situación que genera estigmatización y reduce sus posibilidades de reinserción social.
La norma cuestionada: qué cambia la Ley 32330
La Ley 32330 modificó el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para declarar penalmente imputables a menores de 16 y 17 años en delitos considerados graves, entre ellos:
- Asesinato
- Extorsión
- Violación sexual
- Secuestro
- Otros delitos con penas altas
La norma fue aprobada en segunda votación por el Congreso en mayo de este año y promulgada por el Ejecutivo casi de inmediato, en un contexto de creciente presión pública por la inseguridad.
Retraso del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes de 2017
Otro punto clave señalado por Álvarez es que la plena implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes de 2017 sigue pendiente, lo que afecta directamente la capacidad del Estado para aplicar adecuadamente un sistema especializado.
Actualmente, existen 3 520 adolescentes en el sistema penal juvenil:
- 1 914 en centros juveniles de régimen cerrado
- 1 606 en libertad, bajo medidas socioeducativas o vigilancia
Este panorama evidencia la necesidad de fortalecer infraestructura, personal especializado y políticas de rehabilitación, en lugar de trasladar a los menores hacia el sistema adulto.
Contexto: el debate en un foro internacional
Las declaraciones de Álvarez se dieron durante el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y el XIV Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes Superiores, realizados en Huaraz. En este espacio, la magistrada subrayó que la defensa del sistema juvenil no es solo un tema interno, sino un compromiso asumido en el marco de la cooperación judicial iberoamericana.
¿Qué tan probable es que el TC declare inconstitucional la ley?
No existe certeza. Sin embargo, la acumulación de demandas institucionales y los precedentes del tribunal en materia de protección a la niñez podrían influir en la decisión.
¿Qué implica la audiencia del 25 de noviembre?
En esta sesión, el Tribunal Constitucional deberá evaluar si la Ley 32330 contradice la Constitución y los tratados internacionales. De declararse inconstitucional, el sistema penal juvenil recuperaría su vigencia plena, y los adolescentes volverían a ser procesados exclusivamente bajo esa jurisdicción.
Si la ley se mantiene, el Perú podría enfrentar cuestionamientos internacionales por retrocesos en derechos humanos, además de un incremento de adolescentes recluidos en establecimientos penitenciarios para adultos.
Reflexión final: un debate que marcará el futuro del sistema juvenil
El próximo 25 de noviembre será crucial para definir si el país mantiene el enfoque especializado que rige desde hace décadas o si consolida un modelo más rígido y punitivo para los adolescentes de 16 y 17 años.
El Poder Judicial y otros organismos esperan un fallo que reafirme la necesidad de un sistema de justicia juvenil diferenciado, mientras el Congreso defiende una norma impulsada en medio de la presión social por la inseguridad.
El Tribunal Constitucional tiene ahora la última palabra