El presidente José Jerí Oré volvió a defender el uso continuo del estado de emergencia como principal herramienta del Gobierno para enfrentar la crisis de inseguridad y el avance del crimen organizado. En una entrevista con El Comercio, el mandatario sostuvo que su gestión no cuenta con suficientes recursos legales para actuar con rapidez y que, por ello, la suspensión de derechos constitucionales se ha convertido en un instrumento indispensable.
La postura del jefe de Estado se da en medio de una escalada delictiva que no cede, cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas y una discusión abierta sobre el rol del Congreso en otorgar facultades legislativas para impulsar reformas en el sistema penitenciario.
A continuación, el desarrollo completo de la nota.
“Hasta que limpiemos el país”: la defensa del estado de emergencia
El presidente Jerí fue enfático al señalar que el estado de emergencia no será levantado en el corto plazo. Según explicó, el Ejecutivo necesita una herramienta que permita allanamientos inmediatos, intervención rápida de la Policía y restricción temporal de derechos con el fin de desarticular búnkeres criminales detectados por trabajo de inteligencia.
“Hasta que limpiemos el país será necesario vivir en estado de emergencia. Hay que tenerlo claro. Tenemos que limpiar al país de los delincuentes y aplicar medidas que duren lo necesario para conseguir resultados”, afirmó.
Pregunta clave: ¿Es sostenible mantener un país en estado de emergencia por tiempo prolongado?
El Gobierno argumenta que sí, siempre que se trate de una medida focalizada y respaldada por intervenciones multisectoriales. Pero especialistas alertan que la eficacia depende de resultados concretos, transparencia operativa y supervisión judicial.
Herramientas legales insuficientes: ¿qué reclama el Ejecutivo?
Jerí sostuvo que su administración heredó un aparato estatal debilitado, con comisarías abandonadas, infraestructura precaria y escasa capacidad operativa. En ese marco, aseguró que el Ejecutivo no posee todas las competencias legales necesarias para una lucha efectiva contra el crimen.
Por ello, el Gobierno presentó un pedido de facultades legislativas al Congreso, con el objetivo de reformar el sistema penitenciario y crear una nueva Superintendencia de Centros Penales, que absorbería funciones del actual INPE e impulsaría la fusión de establecimientos como el centro juvenil Maranguita.
Pregunta clave: ¿Qué cambios permitiría esta superintendencia?
- Reordenamiento de penales y ampliación de infraestructura.
- Control administrativo directo del Ejecutivo.
- Reestructuración de personal y protocolos disciplinarios.
- Implementación obligatoria del polígrafo en el sistema de seguridad.
Según Jerí, estas medidas ayudarían a cerrar “las fuentes del delito” que se generan desde los penales.
Crisis en el INPE: el diagnóstico del presidente
Otro punto central de sus declaraciones fue la situación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), al que calificó de institución debilitada debido a decisiones tomadas por administraciones anteriores.
“Hemos heredado comisarías abandonadas, mala infraestructura y una capacidad de atención muy baja. El error de un policía no puede etiquetar a toda la institución”, aseveró.
El mandatario, de 39 años, indicó que el INPE es uno de los pilares más golpeados del sistema de seguridad. Por ello, afirmó que su Gobierno priorizará la construcción de nuevos pabellones penitenciarios, especialmente en penales avanzados como el de Ica, e informó que se realizarán reportes trimestrales de avances en infraestructura.
Venta ilegal de chips: un riesgo para la seguridad nacional
Durante la entrevista, Jerí también se refirió a otro problema asociado a la criminalidad: la venta indiscriminada de chips móviles en calles, mercados y paraderos. Según el mandatario, estas líneas telefónicas son utilizadas por bandas delictivas para extorsiones, fraudes y coordinación de actividades ilícitas.
“No crean que solamente el Estado solucionará este problema. Este es un compromiso de todos. Las empresas deben asumir responsabilidad sobre a quién venden y cómo venden”, manifestó.
El Ejecutivo prevé implementar mayores exigencias de registro y fiscalización para evitar que organizaciones criminales continúen utilizando estas líneas de manera anónima.
Una política de orden y control: ¿hacia dónde se dirige el Gobierno?
Las recientes declaraciones de Jerí confirman una tendencia clara: su administración apuesta por una estrategia de control ampliado, con presencia reforzada de la Policía, incorporación del Ejército en zonas críticas y una reestructuración total del sistema penitenciario.
El presidente no descartó medidas más drásticas, como la intervención de sedes diplomáticas en casos excepcionales, señalando que “no le tiembla la mano” para capturar a prófugos de la justicia si la ley lo permite.
La discusión pública ahora se centra en si estas acciones producirán los resultados esperados o si se necesita un enfoque más integral que abarque prevención, persecución penal efectiva y políticas sociales.
Conclusión: un Ejecutivo decidido a sostener la emergencia
Con un discurso firme y sin intención de retroceder, el presidente José Jerí reafirma que el estado de emergencia se mantendrá mientras sea necesario para combatir la criminalidad. La apuesta del Gobierno se concentra en reforzar el control territorial, acelerar reformas institucionales y exigir al Congreso herramientas adicionales.
El país se mantiene a la expectativa de los próximos pasos: ¿serán suficientes estas medidas para reducir la violencia y recuperar la seguridad? ¿O será necesario replantear la estrategia para enfrentar un problema que trasciende fronteras y gobiernos?