El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, salió al frente de la controversia generada tras el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo envió al Congreso, específicamente en lo referido a la modificación del Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada durante investigaciones judiciales. Diversos sectores advirtieron un posible intento de limitar a la prensa, pero el premier aseguró que no existe intención alguna de imponer una “ley mordaza”.
“Para nosotros, la prensa es un aliado en esta lucha contra el crimen”, enfatizó Álvarez, al señalar que la propuesta está dirigida exclusivamente a quienes filtran información para alertar a investigados y permitir que escapen de operativos policiales o judiciales.
¿La propuesta del Ejecutivo afecta la labor periodística?
La gran interrogante surgió apenas se conoció el pedido de facultades:
¿El Gobierno intenta sancionar filtraciones que sirvan al periodismo de investigación?
Álvarez aclaró que no. Subrayó que la medida no alcanza a periodistas, sino a funcionarios o agentes del Estado que, aprovechando su cargo o acceso a información, advierten a presuntos criminales.
“No estamos hablando de la labor legítima de las unidades de investigación de los medios. La propuesta no tiene nada que ver con la prensa”, recalcó el premier. Agregó que lo que se busca es cerrar un vacío legal que hoy solo permite sanciones administrativas, pero no penales, contra quienes sabotean procedimientos oficiales divulgando información clasificada.
El objetivo: frenar filtraciones internas que favorecen a criminales
Según el presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia identificó que existen casos documentados en los que malos policías, autoridades de menor jerarquía o funcionarios vinculados a organizaciones criminales alertaron a investigados sobre órdenes de captura o allanamientos, permitiéndoles eludir a la justicia.
“Esto no puede seguir ocurriendo”, insistió Álvarez. La propuesta del Ejecutivo busca que estas conductas sean tipificadas como delito, lo que permitiría a fiscales y jueces sancionar con penas efectivas a quienes facilitan la evasión de bandas criminales, redes de extorsión y secuestradores.
El premier explicó que el objetivo del nuevo tipo penal es proteger los procedimientos policiales, fiscales y judiciales, evitando que estructuras delictivas se beneficien de información estratégica que debería ser estrictamente reservada.
El Ejecutivo promete transparencia en la redacción del decreto
Ante la preocupación expresada por gremios de prensa, analistas y organizaciones de libertades informativas, Álvarez anunció que el Gobierno adoptará una metodología abierta y participativa durante la elaboración del decreto legislativo.
Cuando se redacten los borradores, el Ejecutivo convocará a periodistas de amplia trayectoria, representantes de medios nacionales y especialistas en libertad de expresión, para recibir aportes y asegurar que el texto no afecte el trabajo informativo ni la investigación periodística.
El premier aseguró que esta apertura busca despejar cualquier sospecha sobre la intención de interferir con los medios. “La transparencia será absoluta”, dijo.
¿Por qué el Ejecutivo pidió facultades legislativas?
La propuesta forma parte de un paquete más amplio de medidas que el Gobierno considera urgentes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, en un contexto de incremento de actividades vinculadas a extorsión, sicariato, secuestros y lavado de activos.
Entre los puntos incluidos en la solicitud se encuentran reformas al Código Penal, ajustes al proceso penal, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y mejoras en la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú.
El Ejecutivo insistió en que la lucha contra el crimen demanda herramientas legales más sólidas, y que evitar las filtraciones que entorpecen operativos es una prioridad estratégica.
¿Qué temen los gremios periodísticos?
Si bien el Gobierno ha aclarado que la norma no va dirigida a periodistas, las asociaciones advierten que cualquier modificación al Código Penal que involucre información reservada puede derivar en interpretaciones peligrosas si no se redacta con precisión.
Las preguntas que se han planteado son claras:
- ¿Cómo se garantizará que un periodista no sea denunciado por publicar información filtrada de interés público?
- ¿Cómo se diferenciará entre una filtración ilícita y una denuncia periodística?
- ¿Qué mecanismos habrá para impedir que autoridades utilicen esta norma como arma de presión?
El anuncio del premier de sumar a periodistas en la elaboración de la norma apunta a responder estas inquietudes, aunque los gremios han pedido que el texto final sea plenamente compatible con los estándares de libertad de expresión establecidos por la CIDH.
Lucha contra el crimen y libertades: un equilibrio necesario
El debate ha vuelto a poner sobre la mesa un dilema permanente: ¿cómo fortalecer la persecución criminal sin vulnerar derechos fundamentales como la libertad de prensa y el acceso a la información?
El Gobierno asegura que su propuesta mantiene ese equilibrio, pero las organizaciones periodísticas estarán atentas al contenido final del decreto legislativo. Se trata de una discusión en la que la precisión jurídica será clave para evitar excesos o ambigüedades.
Por ahora, el mensaje político del premier es claro:
la prensa no es un enemigo, sino un socio indispensable en la lucha contra el crimen.