La decisión del Poder Judicial de dictar cinco meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez abrió un nuevo frente político y diplomático para el Gobierno peruano. Mientras Chávez permanece en la embajada de México bajo condición de asilada, la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, exigió una respuesta firme del Estado: “incluso por la fuerza”, dijo, ante la posibilidad de que la exfuncionaria no cumpla con la orden judicial.
La declaración, brindada a Canal N, reactivó el debate sobre soberanía, inmunidad diplomática y límites del actuar estatal en casos de asilo. ¿Puede el Perú ingresar a una embajada extranjera? ¿Qué señales envía el Congreso cuando pide el uso de la fuerza en medio de un proceso diplomático con México? Son preguntas que marcaron este nuevo episodio en la ya compleja relación bilateral.
El llamado de Camones: “Hay que sentar un precedente”
Para Camones, la situación es clara: Chávez no es una perseguida política, sino una investigada que debe afrontar la justicia peruana. Sostiene que el Estado no puede permitir que la orden de prisión preventiva quede sin efecto debido a la condición de asilo otorgada por México.
¿Qué motivó el pedido de Camones?
La congresista argumenta que la decisión judicial requiere ejecución inmediata y que permitir que Chávez permanezca indefinidamente en la sede diplomática crearía un mal precedente.
“Quienes están inmersos en procesos penales tienen que someterse a la justicia”, afirmó.
A ello agregó que, de ser necesario, se debe irrumpir en la embajada para hacer respetar la “soberanía y autonomía del país”.
Las frases generaron polémica no solo por el contenido, sino también por la impracticabilidad de dicha acción: ingresar a una embajada es una violación directa a la Convención de Viena, que protege la inviolabilidad de misiones diplomáticas.
Un conflicto político con implicancias diplomáticas
El asilo otorgado por México abrió un nuevo capítulo en la ya tensa relación bilateral originada desde 2022. Con Chávez dentro de la embajada, la orden de prisión preventiva coloca al Ejecutivo en una posición delicada: debe garantizar el cumplimiento del mandato judicial sin infringir normas internacionales.
¿Puede el Perú evitar que Chávez salga del país?
Según el premier, el Gobierno no permitirá la salida de la ex jefa del Gabinete sin autorización expresa de la Cancillería. Esto implica control fronterizo y coordinación con la PNP para impedir cualquier intento de traslado. Sin embargo, el impedimento no resuelve el punto principal: Chávez está dentro de territorio bajo protección mexicana, lo que hace inviable cualquier acción directa sin aprobación diplomática.
El caso judicial: prisión preventiva por el intento de golpe del 2022
La orden de prisión preventiva fue dictada por el juez Juan Carlos Checkley Soria, quien revocó la comparecencia con restricciones impuesta anteriormente. La Fiscalía sostiene que Chávez habría incumplido medidas previas dictadas por el Poder Judicial, lo que justificaría la necesidad de una medida más severa.
¿De qué se le acusa a Betssy Chávez?
La ex primera ministra es investigada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
La fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera solicitó la prisión preventiva el 7 de noviembre, alegando riesgo procesal debido al incumplimiento de reglas impuestas tras su excarcelación ordenada por el Tribunal Constitucional.
Este nuevo mandato reactiva el proceso judicial y coloca a Chávez en una situación crítica, especialmente al estar fuera del alcance físico de la autoridad peruana.
Debate jurídico: ¿es posible ingresar a una embajada?
El pedido de Camones generó rechazo en especialistas en derecho internacional, quienes recordaron que ningún Estado puede ingresar a una embajada extranjera, incluso ante órdenes judiciales internas.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece la inviolabilidad absoluta de las misiones, lo que significa que cualquier incursión, incluso con autorización judicial peruana, constituiría una violación del derecho internacional y provocaría un conflicto diplomático de alto impacto.
A pesar de ello, Camones sostiene que “hay precedentes en otros países”, aunque no especificó cuáles. Para expertos, tales precedentes no son equiparables y no justifican vulnerar normas internacionales.
¿Existe persecución política?
Uno de los principales argumentos de la defensa de Chávez, y del Gobierno mexicano, es que la ex primera ministra sería víctima de una persecución política. Camones rechaza esa tesis de forma categórica.
“Esto no obedece a una persecución política; ella está inmersa en un proceso de investigación por la posible comisión de delitos”, afirmó.
Sin embargo, la discusión continúa abierta: México suele reconocer con frecuencia solicitudes de asilo por razones humanitarias y políticas, lo que puede tensar aún más el escenario bilateral.
Presiones políticas y un futuro incierto
El Gobierno peruano deberá manejar con precisión este caso para evitar un conflicto diplomático. En paralelo, la PNP, la Fiscalía y el PJ buscan mecanismos para ejecutar la orden sin infringir normas internacionales.
El Perú enfrenta así un dilema: cumplir el mandato judicial sin vulnerar el derecho internacional ni escalar tensiones con México.
Mientras tanto, el país observa. ¿Qué decisión prevalecerá: la prudencia diplomática o la presión política?