Un sector en alerta por el avance del fraude digital
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) encendió las alarmas sobre un problema que viene creciendo silenciosamente: el fraude en la contratación de servicios móviles, una práctica que permite la activación de líneas a nombre de terceros, facilita delitos cibernéticos y alimenta esquemas de extorsión y estafas. Según el gremio, la expansión de estos ilícitos compromete la formalidad del sector y constituye un riesgo directo para la seguridad ciudadana.
En un pronunciamiento público, AFIN —que agrupa a los principales operadores móviles del país— presentó un conjunto de medidas técnicas y regulatorias que buscan fortalecer la trazabilidad, mejorar la identificación de usuarios y elevar los estándares de verificación en la venta de chips. La propuesta surge en un contexto en el que las organizaciones criminales utilizan líneas no identificadas o adquiridas fraudulentamente para actividades vinculadas a extorsión, robos, estafas digitales y operaciones ilícitas transfronterizas.
¿Qué medidas plantea AFIN para reforzar el control?
Los operadores móviles han identificado varios puntos vulnerables en la cadena de comercialización, registro y mantenimiento de líneas. Por ello, plantean acciones inmediatas y otras que requieren articulación institucional. Entre las medidas operativas ya implementadas o en proceso destacan:
- Revalidación presencial —con apoyo del Reniec— para usuarios sin actividad comercial que mantienen más de diez líneas móviles registradas a su nombre. Esta acción busca detectar casos de suplantación o uso indebido de identidades.
- Suspensión de líneas prepago inactivas que no registren tráfico ni recargas durante un periodo de tres meses. Los operadores sostienen que miles de líneas “dormidas” son aprovechadas para fraudes.
- Propuesta a OSIPTEL para establecer una desactivación automática obligatoria de chips inactivos, con parámetros comunes para todas las empresas del sector.
- Geolocalización obligatoria del vendedor en cada activación, que permita detectar ventas fuera del punto autorizado y activar un bloqueo inmediato.
- Interoperabilidad con Migraciones, mediante una API que permita verificar biometría dactilar y facial de ciudadanos extranjeros, un segmento donde también se han detectado casos de suplantación de identidad.
Estas acciones apuntan a reforzar la pregunta clave del debate actual: ¿Cómo evitar que las redes criminales utilicen el sistema de telecomunicaciones para cometer delitos sin afectar a los usuarios legítimos?
AFIN pide una estrategia multisectorial contra el fraude
De acuerdo con el gremio, ninguna medida aislada será suficiente mientras no exista una coordinación directa y constante con entidades estatales clave. AFIN señala que la lucha contra el fraude digital debe incluir a:
- RENIEC, para validación biométrica y actualización de registros.
- Migraciones, especialmente en el caso de usuarios extranjeros.
- INPE, Ministerio Público y Poder Judicial, ante el uso de líneas para delitos cometidos desde penales y estructuras criminales organizadas.
- Policía Nacional, responsable de investigaciones de alta complejidad.
- Autoridad Nacional de Datos Personales, para garantizar el correcto tratamiento de información.
- INDECOPI y el sector financiero, debido a la relación entre líneas fraudulentas y estafas bancarias.
AFIN propone la creación de una mesa técnica multisectorial permanente, donde participen empresas privadas, organismos reguladores y entidades públicas. El objetivo es construir una hoja de ruta que combine soluciones tecnológicas, mejoras normativas y campañas de educación al usuario.
¿Por qué es urgente reforzar la trazabilidad en la venta de chips?
El comercio informal de chips y la activación irregular de líneas han dado lugar a múltiples modalidades delictivas. Entre las más habituales figuran:
- Suplantación de identidad para adquirir servicios.
- Uso de líneas de corta duración para extorsiones telefónicas.
- Activación irregular de chips para operaciones de ciberdelito.
- Transferencias ilegales de titularidad sin verificación real.
De acuerdo con operadores y especialistas en ciberseguridad, la línea móvil sigue siendo una de las principales herramientas utilizadas por bandas para extorsionar, coordinar robos, gestionar aplicativos clonados y realizar whatsappazos fraudulentos. Por ello, la trazabilidad —saber exactamente quién, dónde y cómo activa una línea— se vuelve crucial.
La pregunta de fondo para el sector es clara: ¿Cómo fortalecer la seguridad sin generar barreras que afecten el acceso de los usuarios vulnerables a servicios móviles?
Compromiso empresarial y llamado al Estado
AFIN insistió en que los operadores ya realizan inversiones significativas en seguridad digital, pero advirtió que estas serán insuficientes sin una articulación efectiva con el sector público. El gremio reiteró que su objetivo es garantizar que los peruanos accedan a servicios seguros, formales y confiables, en un entorno donde el fraude no siga avanzando.
La organización también subrayó que las medidas planteadas buscan proteger al usuario y evitar que la vulnerabilidad del sistema móvil sea aprovechada para incrementar los indicadores de delincuencia, extorsión y cibercrimen.
La discusión —aseguran— debe avanzar hacia un ecosistema digital con trazabilidad completa, donde cada operación sea verificable y donde el comercio informal de chips no siga siendo un punto débil del sistema.