Un proceso que arrastra una década de fracasos
El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, volvió a colocar en el centro del debate el verdadero propósito del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO): una herramienta técnica, no un salvavidas político. En una declaración reciente, el titular del Minem señaló que el registro debe servir para “formalizar a quienes quieren hacer las cosas bien”, pero nunca para dar cobertura a actividades ilegales, especialmente en regiones donde la minería criminal ha alcanzado niveles alarmantes, como Patáz, en La Libertad.
Bravo reconoció que la formalización minera en el Perú tiene más de diez años de intentos fallidos, atravesados por ampliaciones sucesivas, procesos estancados y mecanismos que fueron aprovechados por operadores ilegales que ingresaron sin cumplir requisitos mínimos. Frente a esta realidad, subrayó que sería “poco realista” esperar una solución inmediata, pero sí es posible establecer un nuevo marco de orden y transparencia.
¿Qué espera el Ejecutivo del debate en el Congreso?
El ministro recordó que la ampliación del REINFO fue aprobada inicialmente en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, pero que el Ejecutivo aún aguarda el debate definitivo en el Pleno para decidir los pasos a seguir. Bravo evitó confrontar con el Legislativo, pero advirtió que cualquier extensión del registro debe ir acompañada de un sistema de control técnico, supervisión permanente y una depuración rigurosa.
Surgen las preguntas clave:
- ¿Puede ampliarse nuevamente el REINFO sin repetir los mismos errores?
- ¿Quién garantizará que los excluidos por incumplimientos no reingresen automáticamente?
- ¿Cuál será la capacidad real del Estado para fiscalizar un universo que supera los 50 mil solicitantes?
El ministro fue enfático al señalar que el proceso no puede seguir funcionando “de montón y de golpe”. Cada solicitante debe ser evaluado individualmente, con criterios verificables y bajo responsabilidad técnica del Ministerio de Energía y Minas.
Minería ilegal: un problema de seguridad nacional
Durante sus declaraciones, Bravo remarcó que la minería ilegal no es un problema aislado ni solamente económico: es un tema de seguridad nacional y regional. Recordó que el Ejecutivo ha seguido de cerca casos como el de Patáz, donde bandas criminales —incluidas organizaciones armadas y redes extorsivas— se han infiltrado en la actividad extractiva para operar fuera del control del Estado. En esa línea, aseguró que el Gobierno trabaja coordinadamente con las Fuerzas Armadas, la PNP y otros sectores para enfrentar estas estructuras con firmeza.
En paralelo, la formalización debe permitir que los verdaderos pequeños mineros y mineros artesanales accedan a rutas legales, asistencia técnica y mecanismos de acompañamiento institucional. Sin embargo, el ministro insistió en un punto central: el REINFO no puede convertirse nuevamente en una “puerta giratoria” donde ingresan actores sin actividad real o con antecedentes de ilegalidad.
Un sistema heredado con fallas estructurales
Bravo reiteró que el Gobierno ha heredado un sistema profundamente ineficiente. Los procesos de formalización de la última década no han logrado diferenciar de manera efectiva a quienes buscan operar legalmente de quienes solo utilizan el registro para evadir sanciones. La revisión de los 50 mil solicitantes que esperan inclusión en el REINFO es, según explicó, una tarea compleja que requiere análisis caso por caso.
El ministro sostuvo que el Minem viene trabajando en nuevos modelos de intervención, diseñados para cerrar brechas históricas, mejorar la articulación con gobiernos regionales y establecer criterios de fiscalización más sólidos. La apuesta del sector es construir un mecanismo de formalización ordenado, transparente y sostenible en el tiempo, que deje atrás las ampliaciones automáticas y las revisiones superficiales.
La urgencia de una reforma estructural
El debate sobre el REINFO llega en un momento crítico, marcado por operaciones policiales en zonas mineras, conflictos sociales y presiones políticas para extender plazos sin fortalecer los filtros técnicos. La pregunta que ronda es inevitable: ¿seguirá el país ampliando registros sin asegurar que los mecanismos funcionen?
El ministro Bravo enfatizó que el Ejecutivo apuesta por un enfoque distinto: depuración, verificación técnica y acompañamiento real para los mineros que sí cumplen los criterios. “No se puede resolver esto en un mes”, sentenció, recordando que la improvisación solo fortalece a quienes se benefician del desorden.
Para el Minem, la salida pasa por consolidar un sistema donde el REINFO deje de ser un registro masivo y pase a convertirse en un instrumento de control efectivo. Eso implica depurar a los inactivos, impedir el reingreso de excluidos, evaluar expedientes con evidencia verificable y cruzar información con sectores como Ambiente, Interior y Producción.
Lo que viene para la formalización minera
El Gobierno aguarda la votación en el Pleno del Congreso para definir el rumbo inmediato del proceso. Una eventual ampliación del REINFO —como ya ocurrió en otras cuatro oportunidades— podría abrir nuevamente el debate sobre la capacidad del Estado para fiscalizar, la necesidad de una Ley MAPE integral y la urgencia de combatir la minería ilegal sin afectar a los trabajadores que sí buscan formalizarse.
Mientras tanto, el Minem insiste en una consigna que empieza a marcar la nueva dirección del sector: el REINFO debe estar al servicio de la legalidad, nunca de la impunidad.