Confiep rechaza ampliación del Reinfo y advierte impacto en criminalidad
El debate sobre la ampliación del Reinfo hasta 2027 volvió a encender la controversia en el sector minero y empresarial. El presidente de la Confiep, Jorge Zapata Ríos, lamentó que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobara un predictamen que propone extender por cuarta vez este registro, inicialmente creado para impulsar la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala. Para el gremio, esta decisión no solo prolonga la informalidad sino que abre aún más la puerta a la criminalidad organizada, la depredación ambiental y la expansión de economías ilegales.
“No es una buena noticia para el país”, afirmó Zapata en diálogo con Exitosa, al subrayar que el mecanismo ha demostrado no cumplir el objetivo por el que fue creado. Su posición se suma a las advertencias de expertos y organizaciones que consideran que la nueva prórroga no atacará la informalidad, sino que la consolidará como un modelo sin resultados.
¿Por qué Confiep se opone a una nueva ampliación?
El titular de la Confiep fue directo: “Estamos absolutamente en contra. Lo dijimos en nuestro comunicado. No proceda a extender más el Reinfo”. Según Zapata, el problema no es la formalización como tal, sino que el Estado ha usado el Reinfo como un programa permanente sin exigencias claras, lo que ha permitido que miles de operadores informales permanezcan indefinidamente en un limbo administrativo.
¿El Reinfo ha cumplido su función?
La respuesta del sector privado es un no categórico. De acuerdo con Zapata, gran parte de quienes se inscribieron en el registro no han presentado documentación válida, no han acreditado titularidad, ni han regularizado sus procesos productivos. En paralelo, un sector del Congreso sigue defendiendo la idea de extender el plazo, argumentando que se trata de una herramienta “indispensable” para la formalización.
Criminalidad y falta de resultados: los principales riesgos
Uno de los puntos más críticos expuestos por Confiep —y por diversos especialistas— es que el Reinfo ha sido aprovechado por organizaciones criminales para acceder a insumos fiscalizados como explosivos, trasladarse sin control y ocultar actividades de minería ilegal, especialmente en la Amazonía y corredores mineros del país.
La pregunta clave es inevitable: ¿la ampliación del Reinfo facilita el avance del crimen organizado?
Expertos del sector indican que sí. El registro otorga un “paraguas temporal” que protege a miles de mineros que no se formalizan pero que sí obtienen beneficios operativos. Esto ha permitido que mafias dedicadas al lavado de activos, a la extracción ilegal y a la deforestación operen sin controles suficientes.
Zapata recordó que la destrucción ambiental ya es alarmante.
“Hemos visto una deforestación de 140 mil hectáreas en la Amazonía. Ya no es solo La Pampa, sino zonas como Puerto Inca, los ríos Nanay, Putumayo y Napo. La afectación se ha extendido por toda la selva”, advirtió.
En este contexto, surge otra pregunta clave: ¿quién supervisa el avance de estos operadores inscritos?
La respuesta —según Confiep— es preocupante: “Nadie los fiscaliza”, señaló Zapata, al recordar que varios mineros actúan sin condiciones de seguridad ni estándares mínimos. Tres mineros artesanales fallecieron recientemente en operaciones precarias, un ejemplo dramático de la falta de control estatal.
Un limbo entre informalidad e ilegalidad
La Confiep sostiene que el Reinfo se ha convertido en un espacio gris donde confluyen tres problemas:
- Informalidad sin regularización,
- Ilegalidad encubierta,
- Criminalidad organizada que se beneficia del desorden.
Según el gremio, aunque no todos los mineros informales cometen delitos, muchos grupos ilegales se camuflan dentro del registro para evitar la acción policial y minera.
Zapata insiste en que esta cuarta ampliación no resolverá lo más importante: ¿cómo formalizar realmente a los mineros artesanales?
La respuesta —para el sector empresarial— no es extender plazos, sino reformar completamente el modelo de supervisión, fiscalización y asistencia técnica, así como fortalecer la presencia del Estado en zonas de alto riesgo.
Una medida repetida sin resultados
Esta sería la cuarta ampliación del Reinfo, un indicador de que el mecanismo no solo está estancado, sino que se ha desvirtuado. Para la Confiep, la insistencia del Congreso refleja un mal manejo del problema que profundiza las brechas entre el Estado y el sector minero formal.
Mientras tanto, congresistas como Guido Bellido sostienen que regiones como Pataz no enfrentan minería ilegal sino “informal”, lo que evidencia —según especialistas— una confusión conceptual que beneficia a quienes buscan diluir responsabilidades.
Zapata, sin embargo, mantiene una postura firme:
“Esperamos que el Pleno del Congreso no apruebe esta ampliación”.
Para el empresariado, el país debe optar por políticas que cierren el paso a la ilegalidad y que realmente promuevan la formalización, no que la perpetúen.