La Junta Nacional de Justicia (JNJ), representada por el consejero Gino Ríos Patio —quien registra una sentencia por violencia familiar— presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial con el objetivo de no cumplir la medida cautelar que ordena reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.
El recurso, de 33 páginas, señala que el Poder Judicial habría menoscabado las competencias constitucionales de la JNJ al admitir dos acciones de amparo: una presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) para anular la elección de los consejeros y otra presentada por Espinoza para anular el proceso disciplinario seguido en su contra por el caso Patricia Benavides.
Notificación irregular y cuestionamiento a la resolución judicial
Según la JNJ, la resolución del juez Juan Torres Tasso que otorgó un plazo de dos días para reinstalar a Espinoza no les fue notificada formalmente, sino que tomaron conocimiento de ella a través de los medios de comunicación.
Además, el documento cuestiona que el juez haya ordenado la suspensión del proceso disciplinario en los cuatro cargos imputados a Espinoza, cuando —según la JNJ— la medida cautelar solo estaría referida a dos de ellos. Esto, aseguran, constituye una extralimitación y una vulneración del principio de congruencia procesal.
Riesgo para la continuidad de funciones de la JNJ
La JNJ sostiene que la resolución judicial afecta sus atribuciones y podría dejar sin efecto la suspensión de seis meses impuesta a Espinoza. Por ello, solicita al Tribunal Constitucional que declare fundada la demanda competencial, anule la medida cautelar y ordene al juez Torres Tasso abstenerse de emitir resoluciones similares.
El recurso también busca frenar la acción de amparo del IDL que pretende anular la elección de los miembros de la JNJ. Este proceso surgió tras las observaciones señaladas por una misión internacional de expertos sobre el concurso realizado por la Comisión Especial presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Aunque aún no existe una sentencia de primera instancia, la JNJ advierte que una eventual medida cautelar que suspenda la elección generaría una parálisis institucional que afectaría la selección, ratificación y procesamiento disciplinario de jueces, fiscales y demás funcionarios del sistema de justicia.
Solicitudes ante el Tribunal Constitucional
En su petitorio, la JNJ pide al Tribunal Constitucional que establezca que, si bien el Poder Judicial puede tramitar procesos de amparo en su contra, estos no pueden derivar en decisiones que impliquen la suspensión de sus funciones o la destitución indirecta de los consejeros, pues ello solo procede por vacancia declarada por la propia JNJ o por remoción por causa grave en el Congreso.