En plena vigencia del estado de emergencia, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) ha ejecutado una de las intervenciones más amplias de los últimos meses: la suspensión inmediata de 3,766 líneas móviles vinculadas a casos de extorsión, secuestro, sicariato y otras modalidades delictivas. El pedido, realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (MP), marca un nuevo capítulo en la estrategia contra el crimen organizado y el uso ilícito de servicios de telefonía.
La medida se sustenta en el Decreto Supremo 124-2025-PCM, recientemente modificado por el DS 127-2025-PCM, que otorga al OSIPTEL facultades especiales durante el estado de emergencia. Según la entidad, la prioridad es cortar rápidamente la infraestructura de comunicaciones que utilizan las organizaciones criminales para coordinar delitos de alto impacto.
Suspensión masiva de líneas: ¿cómo opera la medida?
De acuerdo con información del regulador, hasta el 17 de noviembre se ha solicitado la suspensión de más de tres mil líneas, una cifra que evidencia la magnitud del problema: las comunicaciones móviles siguen siendo una herramienta central para la extorsión, los “gota a gota”, las bandas de sicariato y las redes de secuestro que operan en diversas regiones del país.
¿Qué significa “suspensión inmediata”?
El OSIPTEL ordena a las empresas operadoras cortar de forma automática el servicio móvil apenas reciben el requerimiento oficial de la PNP o el Ministerio Público. La medida es obligatoria y debe ejecutarse sin demoras.
“Esta acción demuestra nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad”, señaló la directora de Atención y Protección del Usuario del OSIPTEL, Tatiana Piccini, recordando que todas las operadoras deben reportar diariamente la ejecución de las órdenes de suspensión.
Además, la entidad exige que las empresas de telecomunicaciones mantengan un flujo de información actualizado y verificable para garantizar que cada línea asociada a un hecho delictivo quede fuera de operación.
Golpe a los chips preactivados: el nuevo foco de intervención
Uno de los cambios más relevantes del decreto modificado es la posibilidad de suspender chips telefónicos previamente activados, una práctica recurrente en el mercado informal y aprovechada por el crimen organizado debido a su facilidad de uso y baja trazabilidad.
La norma autoriza a la PNP a identificar estos chips durante operativos y solicitar al OSIPTEL su bloqueo inmediato. Para ello, los agentes deberán remitir información sobre la marca del equipo, el IMEI, la línea asociada, y cualquier otro dato relevante. El objetivo es cerrar el paso a los números “fantasma” que alimentan redes de extorsión y redes criminales transfronterizas.
¿Por qué los chips preactivados son un riesgo para la seguridad?
Porque rompen el principio básico de identificación del abonado. Las bandas delictivas los adquieren sin control, los descartan con facilidad y cambian de línea en cuestión de minutos. Su eliminación progresiva es clave para frenar la expansión del delito digital.
Responsabilidad de las operadoras: control, registro e identificación
El OSIPTEL recuerda que las empresas operadoras son responsables de todo el proceso de comercialización del servicio móvil, lo que incluye:
- Identificación correcta del abonado.
- Registro de usuarios y puntos de venta.
- Control del personal que vende o activa líneas.
- Custodia de la información requerida para investigaciones fiscales y policiales.
La supervisión será más estricta durante el estado de emergencia. El regulador busca reducir al mínimo la activación fraudulenta de líneas y mejorar los mecanismos de rastreo para que la PNP y la fiscalía puedan actuar con mayor rapidez.
Trabajo articulado: ¿qué resultados se esperan?
El presidente ejecutivo (e) del OSIPTEL, Jesús Guillén, destacó que la coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público evidencia que el sistema sí puede responder con eficacia cuando se articulan esfuerzos.
“El trabajo coordinado permite mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer la confianza de la población en las instituciones públicas”, aseguró el funcionario.
La estrategia apunta no solo a retirar números delictivos, sino a acelerar las investigaciones, bloquear las comunicaciones de bandas activas y dificultar las operaciones de extorsión que afectan a comerciantes, transportistas, emprendedores y ciudadanos en general.
Preguntas clave sobre la medida
- ¿Cuántas líneas se han suspendido hasta el momento?
Un total de 3,766 servicios móviles entre el inicio del estado de emergencia y el 17 de noviembre. - ¿Quién solicita la suspensión?
La PNP y el Ministerio Público a través de requerimientos formales al OSIPTEL. - ¿Qué delitos están involucrados?
Extorsión, secuestro, sicariato, estafas y otros delitos graves. - ¿Se pueden suspender chips preactivados?
Sí. El decreto modificado lo autoriza expresamente.
Un cierre de filas contra el delito digital
La suspensión masiva de líneas móviles no es solo una medida técnica: es un paso decisivo para desarticular las redes criminales que operan mediante comunicaciones móviles. En un escenario donde la extorsión crece y las organizaciones se adaptan rápidamente, el Estado responde con herramientas más contundentes.
El reto, sin embargo, será sostener la fiscalización, asegurar la responsabilidad de las operadoras y convertir esta intervención en un mecanismo permanente de defensa ciudadana.