La lucha contra la extorsión en el transporte público sigue dando resultados. El Ministerio Público informó que un datero identificado como Carlos Rojas (33) fue sentenciado a 11 años de prisión efectiva por exigir dinero a un conductor en el distrito de San Martín de Porres, modalidad delictiva que afecta a miles de transportistas en Lima Norte. La sentencia estuvo a cargo del Segundo Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, que sustentó la acusación con pruebas contundentes y testimonios que revelaron el modo de operar del sentenciado.
Este caso se suma a una serie de intervenciones fiscales y policiales destinadas a frenar el avance del cobro de cupos, un delito que se ha convertido en una amenaza cotidiana para choferes, cobradores y empresas de transporte. ¿Cómo operaba el extorsionador? ¿Qué pruebas permitieron asegurar la condena? Aquí los detalles.
Extorsión en el transporte: un problema que golpea a Lima Norte
La extorsión a conductores se ha convertido en una de las principales modalidades criminales en zonas de alta actividad de transporte público. Según información fiscal, los dateros o “jaladores” exigen pagos diarios que van desde S/ 5 hasta S/ 10 por unidad, bajo amenazas directas contra los conductores o sus vehículos.
¿Por qué este delito es tan frecuente en la zona?
Porque los dateros se camuflan entre los paraderos y rutas, identificando a los transportistas y estableciendo cobros sistemáticos que pretenden normalizarse como parte del trabajo diario.
El caso de Carlos Rojas refleja este patrón. De acuerdo con la investigación fiscal, el sujeto cobraba cupos de forma directa a los choferes, quienes pagaban por temor a represalias.
El operativo que permitió identificar al datero extorsionador
La Fiscalía detalló que en septiembre de 2024 la Policía fue alertada por varios conductores que denunciaron estar siendo víctimas de estos cobros ilegales. Para verificar los hechos, un agente se infiltró haciéndose pasar por pasajero en una de las unidades afectadas.
¿Qué descubrió el agente encubierto?
Cuando la unidad llegó a las inmediaciones del asentamiento humano Pan de Azúcar, el conductor realizó un gesto inusual: detuvo el bus y entregó monedas al datero. Esta acción llamó la atención del policía, quien inmediatamente preguntó al chofer el motivo del pago. Fue entonces cuando el conductor reveló que era víctima de cobro de cupos bajo amenaza.
Con esta información, el personal policial intervino a Carlos Rojas, quien tenía en su poder:
- Una réplica de arma de fuego
- Dinero en monedas producto de la extorsión
- Objetos de interés policial guardados en su canguro
Todo ello fue determinante para su detención y posterior proceso penal.
Pruebas contundentes aseguraron la condena
La fiscal adjunta provincial Érika Margot Rojas Castillejo sustentó la acusación con diversos elementos de convicción que demostraron sin lugar a dudas la responsabilidad del procesado.
Entre las principales pruebas presentadas figuran:
- Actas de intervención policial
- Registro personal del acusado
- Declaración del conductor agraviado
- Registros fílmicos que muestran la entrega de dinero
- Reconocimiento físico en rueda de imputados
Estas evidencias permitieron que el Poder Judicial emita una sentencia firme de 11 años de prisión efectiva por el delito de extorsión, considerado uno de los más graves por su impacto en la seguridad ciudadana y la actividad económica.
El impacto de la sentencia: un mensaje contra el cobro de cupos
La condena emitida en Lima Norte representa un mensaje claro frente al avance de organizaciones y sujetos que buscan lucrar con el trabajo de los transportistas. El cobro de cupos no solo afecta la economía de los conductores, sino que genera un clima de miedo y violencia que dificulta la prestación del servicio.
¿Qué implica esta decisión judicial para otros casos similares?
Que los dateros o extorsionadores que operan en más distritos de Lima Norte podrían enfrentar penas igual de severas si se demuestra su responsabilidad, especialmente cuando usan amenazas o armas —incluso réplicas— para intimidar a sus víctimas.
Desde el Ministerio Público se reiteró el compromiso de continuar las investigaciones y operativos que permitan frenar estas prácticas delictivas que afectan la seguridad del transporte urbano.
Perspectivas y próximos pasos en la lucha contra la extorsión
La Fiscalía anunció que reforzará las coordinaciones con la Policía Nacional para ampliar las intervenciones en puntos críticos identificados como zonas de alto riesgo, especialmente en rutas donde operan asociaciones de transportistas formales e informales.
Además, se busca que los conductores denuncien estos hechos sin temor a represalias, garantizando medidas de protección y seguimiento. La sentencia contra Carlos Rojas sirve como referencia para fortalecer futuras investigaciones.