La Comisión de Mujer y Familia del Congreso avanzó este lunes en una serie de dictámenes clave orientados a fortalecer la protección de niños, adolescentes y poblaciones vulnerables, con especial énfasis en menores en situación de violencia o abandono. Entre las decisiones más relevantes está la aprobación del dictamen que amplía los beneficios para los hijos de transportistas asesinados mientras cumplían sus funciones, un sector expuesto a hechos delictivos vinculados a extorsión, robos violentos y otras expresiones del crimen organizado.
La sesión —la octava del periodo anual 2025–2026— estuvo presidida por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), quien destacó que estas medidas buscan cerrar brechas históricas en la protección integral del niño y garantizar que el Estado responda de manera ágil en contextos de emergencia familiar.
Asistencia económica sin acreditar pobreza: ¿qué cambia con la nueva propuesta?
Con 11 votos a favor, la comisión aprobó el dictamen relacionado con el Proyecto de Ley 12602/2025-CR, que modifica la Ley N.° 31405, norma que establece un régimen de protección y asistencia para menores cuyos padres fallecen debido a un delito en el ejercicio del transporte público, sea urbano, interurbano o rural.
Actualmente, los hijos de transportistas asesinados deben acreditar pobreza para recibir apoyo estatal, lo que —según la comisión— produce retrasos injustificados y un sesgo que desconoce la naturaleza reparatoria del beneficio. El texto aprobado elimina ese requisito y permite que los menores accedan a la asistencia aun cuando ya reciban una pensión contributiva de orfandad o sobrevivencia.
Esto significa un avance sustancial para familias afectadas por un fenómeno delictivo creciente: la violencia criminal contra conductores de buses, colectivos, mototaxis o taxis, muchas veces vinculada a mafias de cobro de cupos, disputas territoriales o amenazas. La presidenta Milagros Jáuregui afirmó que la protección del menor debe colocarse “por encima de los requisitos administrativos y de los vacíos normativos que hoy mantienen a muchos niños sin ayuda”.
Acreditación del delito: así funcionará el nuevo mecanismo para otorgar el beneficio
El dictamen incorpora el párrafo 2.5 del artículo 2 y el párrafo 7.3 del artículo 7 de la Ley 31405, estableciendo un mecanismo más rápido para acreditar el delito. Para otorgar la asistencia económica provisional, bastará:
- Constancia de la Policía Nacional del Perú (PNP) que confirme el inicio de una investigación.
- Constancia del Ministerio Público que acredite la apertura de diligencias penales.
Con estos documentos, el Inabif podrá activar el beneficio inmediatamente. Si posteriormente se determina que no existió delito, la institución deberá cancelar la asistencia. Ello evita que las familias esperen meses —o incluso años— a que se formalicen las denuncias o se emitan sentencias, situación que ha dejado a numerosos menores en estado de vulnerabilidad.
La propuesta también prohíbe acumular esta asistencia con otra prestación no contributiva generada por el mismo acto delictivo, evitando duplicidades y asegurando un uso adecuado de los recursos públicos.
Reformas para reforzar la protección penal de niños y personas dependientes
En la misma sesión, la comisión aprobó —con 13 votos a favor— el dictamen del Proyecto 11842/2024-CR, que modifica los artículos 125, 128 y 129 del Código Penal para fortalecer la protección frente a delitos de exposición o abandono de menores y personas dependientes.
La reforma incluye penas más severas y dispone que las sentencias condenatorias sean notificadas a las autoridades de familia. Esto permitirá que los jueces de familia adopten medidas relacionadas con la patria potestad, la tutela o medidas de protección inmediatas. El objetivo es evitar que agresores o personas negligentes mantengan o recuperen responsabilidades sobre los menores tras ser sentenciados.
Este dictamen responde a casos recientes en los que, pese a existir condenas penales por abandono o maltrato, no se había activado una respuesta coordinada del sistema de protección familiar, dejando a algunos niños en riesgo nuevamente.
Desplazamiento interno: nuevas definiciones y coordinación interinstitucional
Otro dictamen aprobado —con 11 votos— fue el conjunto de proyectos 11635/2024-CR y 13074/2025-CR, que modifican la Ley 28223 sobre desplazamientos internos. El texto amplía la definición legal para considerar como desplazados no solo a personas afectadas por violencia o conflictos, sino también a aquellas que deben abandonar su lugar de residencia por:
- Desastres naturales
- Emergencias inducidas por acción humana
- Riesgos inminentes asociados al cambio climático
La reforma obliga a fortalecer la articulación entre el MIMP, la PCM, Indeci, Cenepred y los gobiernos subnacionales. El objetivo es garantizar una respuesta coherente bajo el marco del Sinagerd, especialmente en zonas vulnerables donde eventos climáticos extremos han aumentado en frecuencia e intensidad.
¿Qué instituciones deberán responder primero? ¿Qué protocolos se activarán automáticamente? El dictamen busca justamente evitar vacíos operativos que hoy complican la atención a familias desplazadas.
Prueba anticipada para casos de trata y violencia sexual: prioridad absoluta
Con 10 votos a favor, la comisión aprobó además el dictamen del Proyecto de Ley 11342/2024-CR, que modifica el Nuevo Código Procesal Penal para asegurar que la prueba anticipada se realice de manera inmediata cuando la víctima sea un niño o adolescente.
Los puntos centrales de la propuesta son:
- El juez deberá actuar con celeridad, incluso de oficio.
- Las entrevistas deberán realizarse en cámaras Gesell, garantizando un entorno seguro.
- La participación de psicólogos especializados será obligatoria para evitar la revictimización.
Esto es especialmente relevante para delitos de trata de personas, violencia sexual y explotación, donde demoras en la toma de declaraciones suelen derivar en pérdida de pruebas o en que las víctimas no vuelvan a rendir testimonio por miedo o trauma.
Un paquete de reformas orientado a proteger a la niñez y poblaciones vulnerables
Con estas decisiones, la Comisión de Mujer y Familia concluyó una sesión cargada de reformas orientadas a fortalecer la protección integral de la niñez, los adolescentes y las poblaciones vulnerables frente a situaciones de violencia, abandono, delito, desplazamiento y riesgos humanitarios.
Los dictámenes ahora deberán pasar al Pleno, donde se espera un debate amplio debido al impacto social y presupuestal de varias de las propuestas.
Para la comisión, el mensaje es claro: el Estado debe responder con mayor rapidez y sensibilidad frente a los casos que afectan directamente el interés superior del niño.