La tensión entre autoridades regionales y el sistema electoral volvió a escalar este martes. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un pronunciamiento contundente en el que alerta sobre el presunto uso indebido de sanciones por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de los Jurados Electorales Especiales (JEE), en un contexto particularmente sensible: la antesala del proceso electoral 2026.
Aunque la ANGR subraya su absoluto respeto a la normativa electoral, la institución sostiene que las últimas decisiones de los entes electorales responden a interpretaciones que mezclan gestión pública con actividad política, lo que estaría generando multas y procedimientos sancionadores aplicados de forma desproporcionada y fuera de contexto.
Para los gobernadores regionales, estas disposiciones no solo afectan el desempeño de sus funciones, sino que ponen en riesgo la gobernabilidad territorial en momentos en que las regiones exigen mayor estabilidad administrativa. Aquí analizamos los puntos centrales del pronunciamiento y las preguntas clave que este nuevo conflicto institucional abre para el país.
¿Por qué los gobiernos regionales consideran que las sanciones del JNE afectan la gobernabilidad?
Según el comunicado, los gobernadores vienen recibiendo procedimientos sancionadores recurrentes por supuestas infracciones que, a juicio de la ANGR, no constituyen actividad política, sino acciones propias de la gestión pública. Se trataría, por ejemplo, de la supervisión de obras, la participación en actividades oficiales o declaraciones vinculadas a la administración regional.
Estas situaciones han producido un efecto inmediato en las regiones: preocupación por la continuidad de las gestiones y una percepción de inseguridad jurídica que afecta la toma de decisiones.
Aquí surge una pregunta clave:
¿Puede un gobernador ejercer plenamente sus funciones si cualquier acto administrativo puede ser interpretado como proselitismo?
De acuerdo con la ANGR, esta lectura amplia del sistema sancionador estaría afectando injustificadamente la labor ejecutiva y generando confusión entre autoridades y ciudadanos.
Autonomía regional bajo amenaza: ¿se exceden los entes electorales?
Uno de los puntos más fuertes del pronunciamiento sostiene que estas sanciones ponen en riesgo la autonomía de los gobiernos regionales, un principio reconocido por la Constitución y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Para los gobernadores, la continua apertura de procesos inhibe la capacidad de acción y genera, además, un ambiente de inestabilidad política en territorios que dependen de la continuidad de servicios esenciales como salud, educación, agricultura, transporte y seguridad ciudadana.
La ANGR advierte que interpretaciones restrictivas, sin criterios de proporcionalidad, podrían convertirse en un mecanismo de control indebido sobre decisiones ejecutivas que no tienen ninguna finalidad electoral.
Ello plantea otra pregunta clave:
¿El sistema electoral debe sancionar todo acto de una autoridad en ejercicio o solo intervenciones con clara intencionalidad política?
Preocupación por el impacto en servicios esenciales
La Asamblea también subraya un punto crítico: la gobernabilidad territorial depende de la continuidad de la gestión. Cuando un gobernador es sometido a procedimientos sancionadores o a multas que pueden derivar en inhabilitaciones, la administración regional entra en un periodo de incertidumbre.
Ese escenario afecta directamente la ejecución de obras, la atención en hospitales, la gestión de emergencias, los programas agrícolas y las coordinaciones intergubernamentales con el Ejecutivo y los municipios.
En palabras de la ANGR, “las sanciones descontextualizadas perjudican injustificadamente la labor ejecutiva regional”, lo que podría debilitar la capacidad de respuesta del Estado en las regiones.
Aquí surge una interrogante que el propio sistema electoral deberá afrontar:
¿El control electoral puede ser tan rígido que termine afectando la prestación de servicios públicos?
ANGR exige proporcionalidad y respeto al marco constitucional
En su pronunciamiento, la ANGR exhorta al JNE y a los JEE a actuar con criterios proporcionales, objetivos y respetuosos de las funciones constitucionales de los gobernadores.
La Asamblea subraya que no pide exoneraciones ni privilegios, sino claridad y equilibrio en las decisiones del sistema electoral. Insiste también en que el principio de neutralidad electoral no puede convertirse en una herramienta para “obstaculizar la gestión regional ni afectar la estabilidad institucional”.
Asimismo, los gobernadores recordaron que se encuentran en pleno proceso de ejecución presupuestal anual, por lo que cualquier interferencia que derive en sanciones injustificadas podría afectar metas críticas del año fiscal.
Un tema que puede escalar: ¿se abrirá un debate nacional?
El pronunciamiento de la ANGR podría abrir un nuevo capítulo en la relación entre autoridades regionales y el sistema electoral. El conflicto no es nuevo, pero sí se ha intensificado conforme el país avanza hacia un año electoral con tensiones crecientes entre congresistas, ministerios, partidos y órganos autónomos.
En ese sentido, una pregunta clave se vuelve inevitable:
¿Debe el Congreso revisar el marco legal del control electoral para evitar interpretaciones extremas en la supervisión de autoridades en ejercicio?
Mientras tanto, la ANGR reafirma su compromiso con la neutralidad electoral, pero anticipa que no permitirá que el sistema sancionador se convierta en un elemento de presión que distorsione la gestión pública regional.