Nuevo aplazamiento del debate sobre el REINFO
La Comisión de Energía y Minas del Congreso decidió aplazar nuevamente el debate sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), originalmente programado para este 17 de noviembre. La nueva sesión se llevará a cabo el martes 25 de noviembre, tras las observaciones realizadas por los gremios empresariales del país, quienes manifestaron su rechazo a la medida.
El REINFO es el mecanismo mediante el cual se formaliza la pequeña minería y minería artesanal, con el objetivo de incorporar a los mineros al marco legal y garantizar el cumplimiento de normas ambientales y laborales. Sin embargo, la propuesta de ampliación ha generado polémica debido a que, según críticos, podría reincorporar a mineros informales previamente excluidos del padrón, debilitando la lucha contra la minería ilegal.
Predictamen propone extensión hasta 2027 y Censo Minero
El pasado 9 de noviembre, la Comisión sesionó y debatió un predictamen que plantea extender el proceso de formalización minera artesanal e integral hasta el 31 de diciembre de 2027, o hasta que se apruebe una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Además, se evalúa la realización de un Censo Minero Nacional, considerado como una “necesidad técnica prioritaria”, que permitiría identificar con precisión a los actores de la pequeña minería y mejorar la eficacia del registro.
Según el proyecto, los gobiernos regionales tendrían un plazo máximo de 60 días para recopilar la información y transferirla al Ministerio de Energía y Minas, que posteriormente coordinaría con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para llevar a cabo el censo. Este proceso busca generar datos confiables que sustenten decisiones de política minera y ambiental.
Posturas de gremios empresariales y sector privado
Los gremios empresariales han expresado su rechazo a la ampliación del REINFO, señalando que esta medida podría fomentar la reincorporación de mineros informales y poner en riesgo la lucha contra la minería ilegal, considerada actualmente como una de las principales economías ilícitas del país.
En un comunicado, los representantes del sector privado advirtieron que la ampliación “representa un grave retroceso en la formalización minera y contraviene los compromisos internacionales asumidos por Perú en la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal promovida por la Comunidad Andina (CAN)”.
Asimismo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su preocupación sobre los posibles “efectos de alto riesgo” que tendría la ampliación del REINFO, enfatizando la necesidad de un enfoque técnico y sostenible que no genere incentivos a la informalidad.
Advertencias del Tribunal Constitucional
Otro punto central en la discusión sobre la ampliación del REINFO es la reciente posición del Tribunal Constitucional (TC), que calificó el proceso como un “rotundo fracaso” y exhortó a establecer un régimen permanente que regule la MAPE, en lugar de mantener un proceso de formalización de carácter excepcional.
El TC subraya que la formalización minera debe ser un mecanismo regulador y no un instrumento que se prolongue indefinidamente, lo que refuerza la necesidad de contar con datos confiables a través de un censo minero antes de aprobar la extensión del REINFO.
Próximos pasos y expectativas del debate
Con el aplazamiento al 25 de noviembre, la Comisión de Energía y Minas tendrá tiempo para considerar las observaciones de los gremios y analizar en detalle el predictamen que plantea la extensión del REINFO hasta 2027 y la implementación del Censo Minero Nacional.
Se espera que, de aprobarse, los gobiernos regionales transfieran la información recopilada al Ministerio de Energía y Minas, permitiendo un control más preciso de la formalización y un seguimiento adecuado de los mineros artesanales. Esta medida también busca garantizar que los procesos de legalización no se conviertan en un incentivo para la minería informal.
El debate promete ser intenso, dado que enfrenta los intereses del sector privado, los compromisos internacionales de Perú y la necesidad de fortalecer la formalización minera, clave para la sostenibilidad económica y ambiental del país.