Embargo de inmueble como medida cautelar
El Poder Judicial del Perú declaró fundada la solicitud de la Procuraduría General del Estado y ordenó el embargo de un inmueble vinculado a la congresista suspendida María Cordero Jon Tay, como parte del proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, en agravio del Estado.
La medida cautelar fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien resolvió inscribir el embargo sobre el bien inmueble, copropiedad de la parlamentaria, por un monto de S/200 mil. Esta acción se enmarca en la investigación que realiza la Fiscalía por presuntos actos de apropiación indebida de haberes de trabajadores de su despacho congresal.
Detalles del inmueble embargado
El inmueble objeto del embargo se encuentra ubicado en la provincia de Barranca, específicamente en el jirón Alfonso Ugarte Bernal N°357 interior 01. La resolución judicial establece que el Jefe de Registro de Predios de la Oficina Registral de Barranca deberá ser notificado y proceder a inscribir el embargo, asegurando que los demás sujetos procesales tomen conocimiento de la medida.
Este embargo se suma a otras acciones legales que buscan resguardar los bienes de la congresista durante el proceso judicial, garantizando que posibles responsabilidades económicas derivadas de la investigación puedan ser cubiertas.
Acusaciones en contra de María Cordero
La congresista María Cordero Jon Tay, vinculada inicialmente al partido Fuerza Popular, del cual fue expulsada, es investigada por supuestamente apropiarse de los sueldos de sus trabajadores, siendo parte del caso conocido como “mochasueldos”. Según la Fiscalía, Cordero habría exigido a un extrabajador identificado como Rafael Cabrejos el 50% de su remuneración entre marzo y agosto de 2022.
Además, se le imputa haber obligado al trabajador a realizar funciones personales, como llevarla de compras, recoger su ropa, asistir al salón de belleza y otras diligencias particulares, aumentando la gravedad de las imputaciones en su contra.
Medidas cautelares y proceso judicial
El embargo de este inmueble por S/200 mil constituye una de las medidas cautelares dictadas para garantizar la efectividad del proceso penal. Según el juez Checkley, esta medida busca proteger los intereses del Estado frente a posibles perjuicios económicos derivados de la presunta conducta ilícita de la congresista suspendida.
La resolución refuerza la actuación de la Procuraduría General del Estado, que desde septiembre presentó la solicitud para asegurar bienes vinculados a los investigados por delitos de corrupción, en el marco de los procedimientos que lleva la Fiscalía especializada.
Impacto del caso y seguimiento
El caso de María Cordero forma parte de una serie de investigaciones por presunta corrupción y apropiación indebida de fondos en el Congreso peruano. La aplicación de medidas cautelares como embargos de bienes refleja el esfuerzo del Poder Judicial y la Procuraduría para garantizar que los procesos judiciales cuenten con mecanismos de resguardo patrimonial ante posibles condenas.
El seguimiento de este caso permitirá al Estado evaluar responsabilidades y asegurar que los bienes embargados puedan responder frente a eventuales sanciones económicas, mientras se desarrolla el proceso penal por concusión en agravio del Estado.