La situación legal de Daniel Salaverry vuelve a estar en el centro del escenario político y judicial. Este lunes 17 de noviembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará la apelación presentada por su defensa contra la condena de ocho años de prisión efectiva dictada en marzo de 2025 por el delito de peculado doloso. El fallo inicial lo encontró responsable de apropiarse fondos destinados a actividades de representación parlamentaria que —según Fiscalía— jamás se realizaron.
La audiencia se realiza de manera virtual y su desenlace podría marcar un antes y un después en la trayectoria del excongresista, quien ha insistido en que la condena en su contra constituye una “venganza política”. En los próximos días, el juez supremo César Martín, presidente de la Sala, deberá emitir la decisión final: ¿se confirma la pena o se anula el fallo?
¿De qué se le acusa exactamente a Daniel Salaverry?
En marzo de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo declaró culpable de dos modalidades de peculado doloso:
- Peculado por apropiación para sí
- Peculado para terceros
Según la sentencia, Salaverry se habría quedado con dinero asignado por la Dirección General de Administración del Congreso para financiar actividades de representación correspondientes a noviembre y diciembre de 2017, así como a enero, febrero y marzo de 2018. Sin embargo, las investigaciones concluyeron que las actividades no se realizaron, pese a haber sido declaradas como ejecutadas en los informes oficiales.
Además de la condena a prisión, el fallo incluyó:
- 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos
- 360 días-multa
- S/ 119 577 de reparación civil a favor del Estado
La condena, no obstante, no se ejecuta aún, pues la defensa presentó recurso de apelación, cuyo resultado se definirá ahora.
Fiscalía y Procuraduría sostienen que hubo apropiación ilícita
Durante la audiencia de revisión, los representantes de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal y de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ratificarán la tesis fiscal: los fondos asignados a Salaverry fueron utilizados irregularmente y nunca se destinaron a las actividades declaradas.
¿Qué argumento presenta el Ministerio Público?
Que la asignación presupuestal del Parlamento tenía como objetivo cubrir gastos de representación y que el congresista falseó los reportes de actividades para justificar recursos que en la práctica no se ejecutaron. La acusación sostiene que se trata de un caso típico de apropiación indebida, encuadrado plenamente en el delito de peculado.
Por su parte, la Procuraduría insistirá en la necesidad de mantener la condena para resguardar el patrimonio estatal y evitar precedentes de impunidad.
La defensa: “¿Cómo voy a robar algo que es mío?”
Salaverry mantiene una versión completamente contraria. Ha insistido en entrevistas y en audiencias que los recursos asignados para representación son, en la práctica, parte del presupuesto que corresponde a los congresistas, razón por la cual afirma que no existe delito. “¿Cómo voy a robar algo que es mío?”, repitió tras conocer la sentencia de marzo.
Para su defensa, la condena se basa en interpretaciones que —aseguran— carecen de sustento técnico y jurídico. Además, el exparlamentario ha enmarcado el proceso en una presunta persecución ligada a decisiones políticas como su ruptura con Fuerza Popular.
Reglas de conducta mientras se espera el veredicto
Mientras se analiza la apelación, el excongresista debe cumplir reglas de conducta estrictas:
- Presentarse mensualmente al control biométrico ante el Poder Judicial.
- No ausentarse de su domicilio sin autorización del juez.
- Acudir a todas las citaciones de la autoridad judicial o fiscal.
La Sala ha advertido que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones dará lugar a la revocación inmediata de la suspensión provisional y a la ejecución de la pena de prisión.
Un caso que repercute más allá del ámbito judicial
La revisión de la condena a Salaverry tiene un fuerte impacto político. No solo se trata de un expresidente del Congreso, sino de una figura que ha aspirado a la presidencia de la República y se mantiene activa en la escena pública.
¿La Corte Suprema ratificará la condena y lo enviará a prisión?
La respuesta dependerá del análisis técnico de la Sala Penal Permanente, que deberá determinar si la sentencia del 21 de marzo de 2025 se ajustó a derecho o si existieron errores procesales que ameriten su nulidad o corrección.
Los próximos días serán decisivos para definir si el caso se convierte en uno de los fallos anticorrupción más contundentes de los últimos años o si, por el contrario, la defensa logra revertir una condena que Salaverry considera injusta.
¿Qué viene después?
Tras la audiencia de hoy, el juez supremo César Martín emitirá una resolución definitiva. Una confirmación de la sentencia implicaría su ingreso inmediato a prisión, mientras que una anulación obligaría a reabrir el proceso o dictar un nuevo fallo.
En un escenario donde la lucha contra la corrupción sigue siendo un tema central para la ciudadanía, la Corte Suprema tiene en sus manos un caso que pondrá a prueba la confianza en la justicia.