La congresista Lucinda Vásquez, hoy no agrupada y representante de San Martín, atraviesa uno de los procesos más delicados de su carrera política tras la difusión de nuevos elementos en el programa Cuarto Poder, donde se expusieron detalles que refuerzan la presunta participación de la legisladora en la filtración y posible venta del examen de nombramiento docente 2021. El caso, que involucra delitos como tráfico de influencias agravado, ha sido formalizado por la Fiscalía de la Nación y ya se encuentra en trámite en el Congreso.
La denuncia fue admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, instancia que debe determinar si la conducta atribuida a la congresista amerita una sanción política. En el centro de la investigación surge la pregunta clave: ¿participó Lucinda Vásquez en la distribución ilícita del examen en Tarapoto?
Evidencias reveladas: documentos, llamadas y geolocalización
La investigación fiscal sostiene que la parlamentaria habría tenido participación directa o indirecta en la presunta filtración. Según la denuncia, Vásquez habría ofrecido el examen a postulantes a cambio de S/3000, acusación que rechaza, pero que se sustenta en varios indicios presentados en el expediente.
Registros telefónicos que generan contradicciones
Uno de los elementos más contundentes es el registro de una llamada realizada el día de la prueba a una persona que admitió participar en la filtración. Este registro contradice la versión de Vásquez, quien aseguró no conocer a los implicados.
Aquí surge la pregunta: si no tenía relación alguna, ¿cómo explicar la comunicación en plena jornada del examen?
Geolocalización comprometedora
La congresista declaró que el día de la evaluación se encontraba en su chacra. Sin embargo, la geolocalización del equipo atribuido a ella la ubica en Lince, a kilómetros de su versión.
La pregunta se vuelve inevitable: ¿por qué los registros del celular no coinciden con su testimonio?
El celular supuestamente robado
Vásquez sostuvo que su teléfono fue robado en Gamarra antes del examen, pero la Fiscalía advierte que jamás denunció el robo ni bloqueó la línea. Para los investigadores, esta omisión podría ser una coartada para desligarse de los registros de llamadas.
Personas del entorno de Vásquez también están en la mira
La investigación no solo alcanza a la legisladora. La Fiscalía ha identificado a personas cercanas a su entorno político y laboral que habrían participado en la presunta manipulación del examen.
Docentes vinculados a su despacho
Dos profesores que habrían intervenido en la distribución de la prueba mantenían comunicaciones frecuentes con la congresista antes y durante la fecha del examen. Uno de ellos terminó siendo contratado en su despacho con un sueldo de S/9000, pese a tener antecedentes relacionados con irregularidades en evaluaciones docentes.
Testimonio de una extrabajadora
Una extrabajadora del Parlamento afirmó que los implicados se reunieron con Vásquez antes de la fecha de la evaluación. Esta versión coincide con documentos y mensajes revisados por la Fiscalía.
Mensajes que refuerzan la hipótesis fiscal
Chats y notas internas revelan un patrón de comunicación que sugiere anticipación y conocimiento previo del examen, además de coordinaciones que involucran a contactos del despacho legislativo.
El proceso en el Congreso: las etapas que definirán el futuro político de Vásquez
Tras admitir la denuncia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe designar a un delegado encargado de investigar. Con su informe, el caso podría pasar a la Comisión Permanente y luego al Pleno, donde se decidirá una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En esa ruta aparece una pregunta crucial:
¿permitirá el Congreso una investigación objetiva en un caso que afecta directamente a una de sus integrantes?
La defensa de Vásquez: negación total y denuncia de persecución
La congresista sostiene que es inocente y que la denuncia forma parte de una acusación política en su contra. Sin embargo, hasta ahora no ha presentado documentos que esclarezcan los puntos cuestionados por la Fiscalía, como:
- ¿Por qué no denunció el robo del celular?
- ¿Por qué uno de los implicados terminó trabajando en su despacho?
- ¿Por qué las comunicaciones y geolocalización no coinciden con su versión?
Estos vacíos, según especialistas consultados, debilitan su defensa y fortalecen la tesis fiscal.
Impacto en el sector educativo: un caso que reabre viejas heridas
La filtración del examen docente 2021 generó descontento entre miles de postulantes que rindieron una evaluación manchada por la corrupción.
El caso de Vásquez vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de procesos meritocráticos sólidos y transparentes, blindados frente a operadores políticos.
Un proceso decisivo con implicancias políticas y judiciales
El avance del caso contra Lucinda Vásquez pone a prueba los mecanismos de control del Parlamento y la capacidad del Ministerio Público para sostener una denuncia de alto impacto.
Mientras la investigación continúa, las preguntas centrales siguen abiertas:
- ¿Existió participación directa de la congresista?
- ¿Hubo coordinación desde su entorno laboral?
- ¿Qué decisión tomará finalmente el Congreso?
Lo cierto es que las revelaciones de Cuarto Poder han reactivado un expediente que podría definir el futuro político de la legisladora.